El cierre de las dos unidades de la Central Nuclear de Almaraz costaría unos 2.500 millones de euros y obligaría a un reajuste del sistema energético nacional, según se desprende de los cálculos del Foro de la Industria Nuclear, ente que agrupa a los principales grupos eléctricos españoles. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, conoció ayer de forma directa, de boca del consejero extremeño de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Quintana, la postura de la Junta de poner fin a la vida útil de la central cacereña en el año 2010, a lo que Narbona respondió escuetamente que esta petición "está dentro de la línea que el Gobierno lleva en la actualidad". Quintana prefirió no entrar en más valoraciones sobre Almaraz y aseguró que el encuentro de ayer en Madrid sólo pretendía ser una primera toma de contacto con la ministra.

Narbona recibió a los consejeros extremeños de Medio Ambiente y de Fomento para abordar el futuro de Almaraz, el parque de Monfragüe y el Plan Hidrológico, entre otros temas.

Al término de la minicumbre, Quintana declaró a EL PERIODICO que se ha limitado a trasladar a la ministra la postura de la Administración regional sobre el cierre de la nuclear y manifestó que el tema se deberá tratar con mayor profundidad en posteriores reuniones con el Gobierno central, ya que la responsabilidad última del futuro de la planta es del Ministerio de Industria.

Por ello, el consejero no quiso valorar futuros planes alternativos a la clausura de Almaraz o las previsiones de planes de empleo para la zona una vez que la planta deje de funcionar.

INFORME NUCLEAR De los 2.500 millones de euros que estima el Foro de la Industria Nuclear costaría el desmantelamiento de Almaraz, dos tercios de esta cantidad corresponden al desmontaje de los dos reactores y al almacenamiento del combustible de las instalaciones nucleares.

La clausura de los ocho reactores ubicados en España se dispararía hasta los 10.700 millones de euros y alcanzaría los 20.000 millones si se tiene en cuenta la inversión para reemplazar la potencia instalada de origen nuclear por energías renovables, según las estimaciones realizadas por el citado lobi empresarial en su informe de este año.

Tanto en términos de producción eléctrica como en potencia instalada, el complejo energético de Almaraz representa el 24% del parque nuclear español, por lo que su desmantelamiento sería el más costoso del país.

Las empresas que operan en el sector nuclear (Iberdrola, Endesa, Fenosa e Hidrocantábrico) se muestran en contra de los cierres al término de la vida útil y están a la espera de que el Gobierno detalle sus planes. El sector estima que las energías renovables, con la tecnología actual, no pueden sustituir a la generación nuclear. La sustitución sólo podría efectuarse con éxito, por tanto, con centrales de ciclo combinado y con carbón de importación, advierten.

Además, el foro lanza una advertencia en su último informe: "El cierre de las centrales nucleares terminaría repercutiendo en el consumidor de electricidad". Según las previsiones iniciales, el coste del recibo de la luz podría incluso triplicarse si no se establecen medidas correctoras.

Los grupos ecologistas ven el problema desde otra óptica. Los Verdes sostienen que erradicar la energía nuclear es totalmente viable desde un punto de vista energético y económico y no supondrá costes adicionales para el país ya que la inversiones para el desmantelamiento del parque atómico habrá que hacerlas de cualquier manera al ir finalizando la vida útil de los reactores.

En su programa electoral, el PSOE anunció que su proyecto es frenar la construcción de nuevas nucleares y cerrar las actuales al final de su vida útil.