Lo ocurrido el martes en la localidad de Aceuchal no es una práctica novedosa. Hace un año sucedió lo mismo. Un empresario del sector del ajo fue detenido por dar trabajo a ciudadanos extranjeros sin permiso laboral y en condiciones de presunta explotación.

Uno de los casos más relevantes de los últimos años en la región fue el acaecido el 27 de septiembre del 2001, cuando la Guardia Civil localizó a un centenar de inmigrantes sin permiso de residencia en España, y sometidos a condiciones de presunta explotación laboral, mientras recogían aceitunas en la finca Los Juncales, perteneciente al término municipal de Mérida, y cercana al municipio de Solana de los Barros. La mayoría de extranjeros eran de origen magrebí, aunque había también algunos procedentes de Europa del Este, y todos ellos carecían de permiso de trabajo. En aquella ocasión, hijos del propietario de la finca aseguraron que todo era mentira y anunciaron una querella por los hechos.

Las inspecciones de Trabajo realizadas en Extremadura detectan una media de 10 casos diarios de fraude a la Seguridad Social. Además, este tipo de infracciones se ha duplicado en los últimos tres años, ya que han pasado de 1.281 a 2.289 casos denunciados del año 2003 al 2005, según las últimas informaciones recogidas por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. Las razones de este fraude guardan relación sobre todo con el empleo sumergido y la temporalidad laboral. Además, las cifras oficiales del Ministerio de Trabajo reflejan que casi el 20% de las inspecciones en la región han destapado algún tipo de irregularidad en los centros de trabajo. Las visitas de inspectores han provocado que en los últimos años 3.500 trabajadores afectados hayan sido dados de alta.