Tras anunciar el consejero de Economía, Antonio Fernández, que la Junta dispondrá este año de 163 millones de ingresos menos de lo previsto para gastar por la caída de la recaudación por IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades, la posibilidad de aplicar nuevos recortes a los empleados públicos extremeños planea con más fuerza. Los cerca de 90.000 funcionarios de la región vuelven a estar en el punto de mira y los sindicatos de la Función Pública reconocen que el nuevo escenario no se abre con buenas perspectivas. Temen que la eliminación de duplicidades y la reorganización de efectivos en la que tanto insiste el Gobierno extremeño se conviertan ahora en un nuevo golpe a funcionarios y personal eventual alentado por la reforma laboral.
La vicepresidenta del Gobierno extremeño, Cristina Teniente, reiteró ayer tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la mayor parte del ajuste que tienen que sufrir los presupuestos recaerá "sobre las consejerías transversales: Presidencia, Economía y Administración Pública", y que la venta de patrimonio que se contempla en las cuentas también servirá para paliar el desfase. Asegura que en ningún caso se tocarán las inversiones previstas en Fomento, Empleo y Dependencia ni las partidas destinadas al transporte escolar y el gasto corriente de colegios e institutos. ¿Se traduce eso en un nuevo recorte de sueldo a los funcionarios, que ya lo tienen congelado? ¿El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para el personal laboral que es posible con la reforma laboral y que en su día no descartó el consejero de Administración Pública, Pedro Nevado-Batalla, se hará realidad? "En estos momentos se está analizando. Les iremos informando", respondió la vicepresidenta al ser preguntada por cómo se va a concretar el ajuste.
"El empleado público, que ya ha perdido un 20% de su poder adquisitivo, no es el causante de la crisis", recuerda Benito Román, presidente regional de CSIF. Román reconoce que sí temen nuevas medidas en contra de los empleados públicos. "El ERE nos preocupa, y mucho", dice. Como ya informó este diario, la reforma laboral del Gobierno central permite a las Administraciones Públicas que aleguen nueve meses de "insuficiencia presupuestaria" presentar un expediente de regulación de empleo para personal laboral.
En Extremadura podrían verse afectados hasta 22.000 empleados públicos que tienen esta condición entre ayuntamientos, Junta y organismos estatales. El consejero de Administración Pública, Pedro Nevado-Batalla, no ha descartado que en la región se vaya a aplicar. "Ya se verá. No hay privilegios para nadie cuando se trata del interés general de Extremadura", declaró a principios del mes de marzo, cuando aún no se conocía que la Junta dispondría de 163 millones menos este año.
Al respecto, Román señala que "recortar en las plantillas del personal laboral del SES, el cuerpo docente o la Administración General es recortar en el Estado del Bienestar" y en su lugar, apuesta por podar los altos cargos de las empresas públicas y reducir el personal de libre designación. Desde el sindicato CSIF, negocian con el Gobierno central para tratar de minimizar el impacto del ERE en la Administración y que este quede descartado para el personal laboral que obtuvo su plaza mediante concurso público.
El secretario de Acción Sindical de UGT, José Ignacio Luis Cansado, tampoco descarta que los funcionarios paguen el pato de los nuevos recortes y recuerda que el aumento de la jornada laboral a 37,5 horas "ya es un hecho". El Gobierno prepara un decreto similar para aplicar el nuevo horario en todas las administraciones, similar al que elaboró el anterior Ejecutivo para recortar el sueldo a los funcionarios un 5%. Según Cansado, aumentar la jornada laboral en dos horas y media semanales ya es un nuevo recorte. Según sus cálculos, equivale a perder el 6,6% del sueldo porque trabajarán más por la misma nómina, que se mantiene congelada.
"Extremadura es la comunidad que con carácter general, menos sueldo paga a sus funcionarios. Si se toman nuevas medidas en perjuicio de los trabajadores, claro que vamos a estar en contra", asegura. Tanto UGT como CSIF anuncian medidas de presión en el caso de que llegara a ocurrir. "Si nos tocan económicamente, es evidente que nos vamos a manifestar en contra", dice Cansado. El aumento de la jornada laboral dejará sin trabajo a un interino por cada 14 funcionarios. En total, más de 6.000 solo en Extremadura.
