La Administración pondrá en marcha una serie de "medidas puntuales" para facilitar la contratación de extranjeros para la vendimia en Tierra de Barros y evitar la explotación laboral, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social. Así lo anunció ayer la delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, durante una reunión de la Comisión de Trabajo y Seguridad, a la que también asistieron los subdelegados del Gobierno y los responsables de las fuerzas de seguridad.
Pereira manifestó que con estas medidas se pretende solucionar el problema de Tierra de Barros y los asentamientos ilegales de trabajadores extranjeros, que llegan bajo el reclamo de las campañas de recogida de la uva, y la aceituna. Este protocolo se debe a que hay empresarios que no han previsto el número real de trabajadores que necesitan conforme a los plazos legales. Así, se pretende hacer cumplir la legalidad y atender la demanda de mano de obra agrícola, ofreciendo la posibilidad de resolver los contratos a temporeros desde las subdelegaciones del Gobierno en Badajoz y Cáceres, en el menor tiempo posible, incluso en tres o cuatro días.
No obstante, Pereira pidió a los empresarios y las asociaciones agrícolas previsión para la campaña de la aceituna, pues "seremos inflexibles e intolerantes con la contratación ilegal. No permitiremos ningún tipo de explotación laboral ni de economía sumergida", dijo.
También se estableció el protocolo de colaboración de las fuerzas de seguridad con los inspectores de Trabajo para sacar a la luz las contrataciones ilegales o personas sin permiso de trabajo.
La delegada del Gobierno señaló que la pasada semana se realizaron inspecciones en los asentamientos de rumanos en Tierra de Barros, así como en las explotaciones agrarias a un ritmo de diez por día, con el resultado de 25 contratos irregulares encontrados. Esta labor continuará en los próximos días.
