El Gobierno aprobó ayer el decreto de reforma laboral con leves modificaciones sobre el texto entregado el viernes a los sindicatos, empresarios y partidos políticos pero sin abordar cambios en profundidad del mercado de trabajo, como le han reclamado desde todos los sectores. El decreto abarata los costes de despido mediante fórmulas como una mayor generalización del contrato con indemnización máxima de 33 días y la justificación del despido de 20 días por pérdidas incluso coyunturales. Los cambios han limado la posible inconstitucionalidad de algunos aspectos y han concretado otros que la pasada semana dejó abiertos en espera de los contactos con los grupos parlamentarios, aunque habrá correcciones durante la tramitación parlamentaria como proyecto de ley.

El texto que hoy publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que desde mañana estará en vigor, eleva hasta cuatro años (tres años más una prórroga pactada en convenios sectoriales) la duración del contrato por obra y servicio. Los cambios generalizan aún más de lo que se esperaba el contrato de fomento del empleo indefinido. "El Gobierno apuesta por él", dijo el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

En cambio, la redacción de la causa económica de despido procedente no incluye los seis meses de pérdidas barajados para avalar el pago de 20 días, pero levanta la exclusión de los malos resultados "coyunturales" como motivo para un recorte de plantilla. Asimismo, se da entrada a las empresas de trabajo temporal (ETT) en la contratación de parados en el sector público, ámbito vedado hasta ahora.

PRESIONES El Ejecutivo no ha caído en la tentación de aceptar las propuestas de una reforma dura sugeridas por la CEOE y el grupo de economistas conocido como los cien, que plantearon el contrato único y que el pasado lunes se reunieron con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero durante casi tres horas.

Tampoco ha atendido al 100% las demandas de los sindicatos y del grupo de los setecientos expertos en derecho del trabajo, más próximos a las tesis de izquierda.

CCOO y UGT no ven en el nuevo texto razón alguna que alivie los agravios como para desconvocar la huelga del 29 de septiembre, un "paso difícil" según dijo ayer el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo. Y añadió: "No perseguíamos llegar a la huelga general en unas circunstancias tan difíciles como las que atraviesa el país".

Con un texto final que ofrece una de cal y otra de arena, el Gobierno solo confía en lograr "el mayor grado de acuerdo político para la convalidación" en las Cortes.

Tras la renuncia de la CEOE a pedir una rebaja de sus cotizaciones, el decreto garantiza que los empresarios no verán aumentados los costes por contratación y despido. Tampoco cuando se cree el futuro fondo de capitalización, conocido modelo austriaco, que según avanzó Corbacho, se implantará con una "cuota específica que sea neutral" en el coste empresarial.