El reforzamiento de la lucha antiterrorista y la atención a las víctimas protagonizaron la reunión de ayer del Consejo de Ministros. Entre otras medidas preventivas, el Gobierno acordó endurecer las penas por el uso ilícito y el descontrol en la custodia de explosivos, y también ordenó que millares de polvorines de toda España contraten vigilantes privados para evitar robos como los que propiciaron los atentados del 11-M.
Los más de 200 kilos de dinamita empleados en la matanza de Madrid habían sido hurtados de la mina Conchita de Asturias. Tras conocer las inspecciones realizadas en varios depósitos de explosivos, el ministro del Interior, José Antonio Alonso, llegó a la conclusión de que la Guardia Civil y la Policía carecen de personal suficiente para poder custodiar los 10.000 polvorines existentes en España, país que cada año fabrica cuatro millones de kilos de goma-2.
12 AÑOS DE CARCEL Por eso el reglamento de explosivos que Alonso llevó al Consejo de Ministros celebrado ayer ordena que contraten "vigilancia privada de seguridad" las empresas que almacenen por más de seis meses una cantidad superior a 150 kilos de explosivo o 1.000 detonadores. Fuentes oficiales aseguraron que esta orden afecta a miles de polvorines, vinculados a explotaciones mineras y a todo tipo de obras públicas. Además, la Guardia Civil supervisará el transporte de dinamita, y la negligencia en el control de explosivos se penará con hasta 12 años de prisión.
El ministro Alonso también informó ayer al Ejecutivo sobre el futuro reglamento para la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo y la unificación de la bases de datos de la Guardia Civil y la Policía.
En favor de las víctimas del terrorismo, el Gobierno adoptó tres medidas: abrir un periodo extraordinario de seis meses para que soliciten indemnizaciones, lo que beneficiará a un centenar de afectados; crear una oficina de asistencia en la Audiencia Nacional; y condecorar a 149 fallecidos el 11-M --a petición de sus familias-- y a 18 colectivos de víctimas. Sólo quedó excluida, a petición propia, la conservadora Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
