La investigación policial realizada en torno al presunto fraude del higo seco en Extremadura sitúa a Luis Cortés como cerebro del mismo. Por este asunto, tipificado como un delito contra las haciendas de las comunidades, la Administración reclama en torno a un millón de euros cobrado en subvenciones agrarias de forma irregular. Así se refleja en el último informe remitido por la UCO (Unidad Central de Operaciones) de la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 2 de Trujillo, encargado de la investigación de este caso, y sobre el que han informado a EL PERIODICO fuentes cercanas.

Según los datos de la investigación, el fraude está vinculado a tres sociedades agrarias --dedicadas a las compra, almacenaje y venta de higos-- de las que forma parte Luis Cortés junto a sus hermanos y a través de las que se canalizaba el cobro de las subvenciones comunitarias. En principio, estas ayudas estaban destinadas al almacenaje y transformación de este producto.

El informe desvela que las tres empresas participan interconectadas en todo el proceso. En ese sentido, apunta que una de las sociedades (SAT HOR) compraba el producto a Iniciativa Rural Sociedad Cooperativa, que no era productora pero que operaba como intermediaria en la venta tras haber comprado los higos, a otros agricultores, por un precio inferior al que establecía la subvención comunitaria.

El tercer eslabón de la cadena era una sociedad dedicada también al almacenamiento y transformación de los higos en pienso para ganado, condiciones exigidas por las instituciones comunitarias para el cobro de la ayuda. Según la investigación, el producto no era transformado en pienso y, o bien volvía a la cadena para volver a ser comercializado, o se utilizaba para alimentar al ganado pero sin transformar. Cortés llegó a reconocer que sus hermanos participaban de las sociedades pero no estaban al tanto de todo el proceso.

LAS CLAVES En su informe, tras dejar constancia de la implicación de Luis Cortés en todas las actuaciones, la Guardia Civil se refiere a determinadas personas que --en representación de Coag y sin conocimiento de la organización agraria-- facilitaban el trato con los ganaderos para la venta de los higos. Señalan, que en muchos casos eran estas personas las que mantenían el trato directo y continuo con compradores de higos y no el principal imputado, aunque señalan que éste era quien, de forma inicial, mantenía todos los contactos.

Asimismo se hace referencia a personas, también implicadas por la UCO en el caso, que "confiando en la buena imagen que tiene Luis Cortés en el sector agrario, no dudaban en realizar determinadas actividades que permitieran la salida de los higos, porque pensaban que estaban beneficiando a los productores", indicaron las fuentes consultadas por este diario.

El informe policial también versa sobre la actividad llevada a cabo por los funcionarios de la Junta que fueron realizando los contactos durante la campaña 98-99. En relación con este tema, lo que en estos momentos se está realizando por parte del Juzgado de Trujillo es llevar a cabo las pruebas testificales a fin de concretar si las personas a las que implica la Guardia Civil eran conscientes de las presuntas irregularidades que se estaban produciendo en la intervención de higos en esa campaña.

"Es algo que es necesario determinar, puesto que a pesar de que en algunos supuestos se haya podido colaborar en la comisión de este presunto delito de fraude que se investiga, hay casos en los que parece que tal colaboración se realizó sin pensar que se podía estar cometiendo hecho ilícito alguno", matizaron fuentes cercanas al caso.

Así, el pasado miércoles ya declararon en el juzgado tres testigos y una de las 10 personas que fueron detenidas en enero pasado, pero que no pasaron a disposición judicial --tan sólo lo hicieron Luis Cortés, sus dos hermanos y un socio de éstos--. Todos ellos serán llamados a declarar, como también agricultores y representantes de cooperativas tanto de Extremadura como de otras diferentes comunidades que entienden pueden estar relacionadas con el caso.

"Estas pruebas son indispensables para determinar si respecto a estas personas se mantiene la imputación o se determina que actuaron inintencionadamente y se ha de acordar el sobreseimiento parcial de la causa con respecto a los mismos".

OTROS ASPECTOS En otro orden de cosas, el informe de la Guardia Civil también incluye información sobre la situación patrimonial tanto de Luis Cortés, "principal imputado y considerado el organizador y cabeza pensante de este presunto fraude", como de sus hermanos y demás personas --trabajadores de Coag, funcionarios de la Junta, entre otros--. Se incluyen en este apartado referencias a los bienes inmuebles, fincas rústicas o vehículos que figuran a su nombre en diferentes registros.

Finalmente, el informe policial refleja las cantidades que presuntamente se han cobrado de una forma ilícita. Para ello establecen "la diferencia entre las ayudas cobradas por la adquisición y almacenamiento de higos y las cantidades que, a juicio de los miembros de la OCU, se cobraron indebidamente a los agricultores en concepto de almacenamiento, transporte, y, asimismo, los beneficios obtenidos por haber pagado a los productores y proveedores un precio inferior al mínimo fijado legalmente".