La Guardia Civil vigilará que se cumpla la ley de riesgos laborales

Según ha informado el Ejecutivo regional, el acuerdo incluye la colaboración con Interior para el intercambio de información entre la Administración regional y las unidades de la Guardia Civil en Extremadura en casos de riesgo "grave e inminente" en la seguridad laboral.

De este modo, los guardia civiles quedarán facultados para poner en conocimiento de la autoridad laboral los casos que detecte cuando, en el cumplimiento de sus tareas habituales, "observe que se están vulnerando de manera notoria y ostensible las normas de prevención de riesgos laborales en centros de trabajo".

Según la información del Gobierno extremeño, estas actuaciones de denuncia por vulneración de las medidas de seguridad en el trabajo van principalmente enfocadas a los trabajadores de la construcción, que es el sector donde la siniestralidad laboral alcanza cotas más altas y además con efectos más graves.

CRITICAS DESDE LA AUGC Para el cumplimiento de estas tareas, la Consejería de Economía y Trabajo se ha comprometido a dar la correspondiente formación a los efectivos de la Guardia Civil "que se determine" en materia de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de que la actuación en este ámbito sea "lo más eficaz posible".

Desde la AUGC se ha cuestionado la firma de este convenio, que llega además en un momento de gran malestar dentro del instituto armado. Un portavoz de la asociación en Extremadura señaló: "Antes de mandar a los guardias a ver dónde se incumple la norma de seguridad laboral habría que empezar por aplicas estas leyes en la propia Guardia Civil".

Según este portavoz, "sobre el papel, todo esto que se dice está muy bien, pero cuando vemos lo que ocurre en nuestra labor diaria no entendemos que se nos quiera enviar a velar por algo que no se cumple en nuestro propio trabajo", y agregó con ironía: "Así que tendríamos que empezar por denunciar a la propia Guardia Civil".

Como ejemplo, citó que sólo tras reiteradas peticiones se ha logrado que envíen "una caja de guantes y otra de mascarillas" a cada una de las dos comandancias de la Guardia Civil en la región para que los utilicen los guardias que realizan traslados de detenidos. Asimismo, explicó que para estos traslados se usan muchas veces vehículos que carecen de la mampara de separación entre el lugar ocupado por los guardias y el sitio donde va el detenido, lo que implica un riesgo evidente.

Además, manifestó que no existen órganos de control para que la Guardia Civil cumpla la ley de riesgos laborales, y que el estado de muchas casas cuartel no pasaría un mínimo examen de higiene y seguridad laboral.

Respecto a la formación que se pretende dar a los guardias, apuntó: "Ahora se les da formación para que conozcan las medidas de seguridad laboral en otros sectores, y resulta que la Dirección General de la Guardia Civil no ha dado nunca esa formación, que ha sido nuestra asociación la que, de acuerdo con CCOO, ha impartido los cursos".

SOBRECARGA DE TAREA Otro aspecto del convenio cuestionado por el portavoz de la AUGC es que se pretenda cargar con una nueva tarea a los guardias.

Según explicó, lo más seguro es que estas actuaciones sean encomendadas a los efectivos de Seguridad Ciudadana, que son los encargados de patrullar en las zonas rurales. "Estos guardias son los peor pagados, y además de su función están asumiendo tareas de control de tráfico en muchas ocasiones y también de protección de la naturaleza, así que no sé cómo van a poder con las nuevas funciones", comentó.

El portavoz de la AUGC aseguró que se teme que esta nueva tarea termine imponiéndose, no como un apoyo, sino como una obligación más, como ocurre con el control del tráfico, "donde supuestamente la función de los que están en puestos rurales es actuar sin cuando están realizando un servicio detectan algún accidente, y en la práctica lo que ocurre es que ya en la hoja de tareas se les marca el control del tráfico, igual que está pasando con cuestiones relacionadas con el medio ambiente".