"Es una estupidez manifiesta que prohiban cazar con plomo en el 40% del territorio extremeño". A Ignacio Udaondo, propietario desde hace 35 años de la armería más emblemática de Badajoz, los cambios que introduce la nueva ley en materia de munición le parecen, simplemente, que "no tienen ni pies ni cabeza".

En primer lugar, asegura que este metal "solo es contaminante cuando está diluido o en vapor, pero en estado sólido no contamina para nada". En segundo, alega que la la alternativa que se propone, la munición de acero, "es menos precisa, y más peligrosa". "Como la impongan se van a producir muchos más accidentes graves", augura.

Además, Udaondo explica que la mayor parte de las escopetas de caza no están preparadas para disparar perdigones de acero, y aunque lo normal es que puedan modificarse para hacerlo, los cambios supondrían, de media, un desembolso de entre 200 y 300 euros.

A su juicio, lo importante no es ya el daño que la normativa pueda ocasionar a las armerías, "sino cómo va a afectar a todos los cazadores". Entre otras cosas, considera que la ley está redactada de forma tan ambigua "que su interpretación va a quedar a expensas del político de turno".

En la misma línea se manifiesta Alejandro Galán, propietario de la cacereña Armería Alejandro. En su opinión, la entrada en vigor de la nueva ley "impone restricciones en todos los sentidos", algo que se acabará volviendo en contra de todo el tejido económico que depende de la actividad cinegética. Desde restaurantes y hoteles hasta firmas comerciales de ropa.

En cuanto a la limitación de los cartuchos y balas de plomo, Galán lamenta "que haya cosas que son mucho más contaminantes y no se metan con ellas". De la misma forma, incide en que la munición de acero "deja las piezas solo heridas y es muchísimo más peligrosa. Rebota hasta en el agua".