El Juzgado de Olivenza tiene prácticamente terminada la instrucción de un complejo fraude en carrusel que descubrió la Delegación de la Agencia Tributaria en Extremadura. La investigación se inició en el 2002 tras detectarse al menos cuatro empresas del sector informático se dedicaban a falsificar facturas con IVA, que no pagaban, y que luego utilizaban para deducirlas de la liquidación por una actividad inexistente "como IVA soportado". El Servicio de Inspección Fiscal estima que el fraude asciende a 45 millones de euros.
El desmantelamiento de esta red lo dio a conocer ayer la delegada autonómica de la Agencia Tributaria, María Teresa Pisano, en la presentación de los resultados de control fiscal en Extremadura. Este fraude supone el montante principal de los 56 millones de euros localizados en expedientes delictivos. Pisano manifestó que es el mayor fraude fiscal de Extremadura, detectado en el 2002 y puesto en manos de la justicia el pasado año.
El caso "tiene multitud de variantes y es muy complejo", dijo la delegada de la agencia, y lo confirmaron luego el fiscal jefe de la Audiencia de Badajoz, Antonio Mateo, y la juez que instruye la causa en Olivenza, en cuyo juzgado recayó el caso porque el primer inculpado detectado tiene su sede social en esta localidad. Desde entonces, los demás juzgados a los que han ido llegando las respectivas causas, se han inhibido a favor de éste.
EL CENTRO DE LA TRAMA La juez explicó a EL PERIóDICO que "el que se lleve aquí no significa que éste sea el centro de la trama, pues sólo es por ser éste el domicilio social de un inculpado". La causa se abrió con cuatro inculpados, con la información facilitada por la Agencia Tributaria, pero ya van ocho, pues la semana pasada se sumó uno a los siete que ya había. Ni la agencia ni el juzgado facilitaron los nombres de las empresas, ni de los inculpados.
María Teresa Pisano afirmó que "el caso se inició en Extremadura, porque detectaron adquisiciones en un país comunitario, cuando las empresas requirieron el IVA sin haberse recaudado, todo con facturas falsas". Las ramificaciones llevan a varias comunidades autónomas, entre otras Madrid y Andalucía. Además hay indicios del fraude en países comunitarios como Portugal, y otros extracomunitarios. Una vez que se concluyó el expediente, la Agencia Tributaria en Extremadura lo puso en manos de la fiscalía.
Los miembros de la trama simulaban todos los pasos propios de una actividad, "desde la financiación al transporte", por las que emitían facturas falsas, "pero ni compraban, ni vendían nada, todo era ficticio", señaló María Teresa Pisano.
Antonio Mateo, por su parte, recordó que habían recibido un caso "de extraordinaria complejidad" en la fiscalía y que "tras las primeras diligencias previas, se pasó al Juzgado de Olivenza, donde llevan la instrucción". Asimismo, señaló que han recibido varias denuncias de la Agencia Tributaria, aunque ninguna por el importe de ésta.
La juez de Olivenza afirmó que "la instrucción está prácticamente terminada, aunque aún no hay orden de apertura de juicio, ni se ha remitido a Badajoz", donde se decidirá si lo juzga un juzgado penal, o la audiencia.
Que finalmente el caso vaya a un órgano u otro, dependerá de si la pena que solicite la acusación o el ministerio fiscal supera los cinco años, en cuyo caso iría a la audiencia, o no, y entonces se verá en un Juzgado de lo Penal.
La investigación, aseguró la juez, está hecha y la causa "se ha ido acumulando conforme llegaban los casos, primero uno, luego otro" y así ha ido aumentado hasta lo que es hoy. Sobre las penas que se puedan solicitar, éstas dependerán de la cuantía final del supuesto fraude. Aún no hay conclusiones provisionales, "se han practicado las pruebas solicitadas y algunas de oficio", dijo.
