La Agencia Tributaria reclama 12 millones de euros a más de 60.000 regantes extremeños de las Vegas Altas y Bajas. En concreto, se trata de una demanda por no haber abonado las tarifas del agua entre 1992 y 1998 en el periodo establecido, y que llevan un recargo del 10%. Los afectados reiteran que han pagado a tiempo y que no descartan denunciar el caso ante el Ministerio de Medio Ambiente, ya que, según ellos, todo se debe a que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) tiene esa cuenta en el Banco Atlántico, con sede en Mérida y Badajoz, por lo que la operación se realiza por transferencia bancaria, que llega días después del plazo fijado.
Además, los regantes de la zona --que riegan una superficie de 213.000 hectáreas-- acusan a la CHG de incumplir el acuerdo firmado en julio sobre esta materia, por el que, según los agricultores, el presidente de esta entidad se comprometió a permitir que si había cuatro o cinco días de diferencia se entendía que el pago estaba dentro del plazo. Tal es así, denunciaron, que a muchos se les ha devuelto el dinero reclamado en un principio, pero ahora vuelven a exigirles las cantidades, con lo que se les provoca un doble problema: un cobro indebido y el embargo de las cuentas del regante.
Así lo explicó ayer el presidente de la Comunidad de Regantes de Badajoz por el Canal de Montijo, José Espinosa, que negó tal retraso, ya que aseguró que los usuarios pagan el canon en sus entidades bancarias antes del cierre del plazo, aunque el dinero llegue después de la fecha límite a la cuenta del Banco Atlántico.
A pesar del acuerdo alcanzado con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, José Díaz Mora, el 17 y 19 de julio respecto a las recargos que se reclamaban del periodo 1992-1998, y a pesar de que posteriormente ha habido algunas devoluciones del dinero, se han vuelto a remitir las notificaciones a todos.
CRITICAS A LA CONFEDERACION
Por ello, culpan a Díaz Mora de lo ocurrido --consideran que no tiene autoridad-- y exigen la destitución del secretario general de la entidad, Diego de la Cruz, una petición que ya hicieron el 2 de septiembre, por "los graves errores e irregularidades cometidos", en referencia a las notificaciones de apremio, comunicadas a los regantes, que han causado "grandes transtornos económicos y morales a los mismos".
Además de la denuncia pública del problema, están dispuestos a dirigirse al ministerio de Medio Ambiente, Jaume Matas, pero descartan emprender acciones judiciales, dado las reclamaciones deben ser individuales y "quién va a reclamar sólo 38.000 pesetas", comentó uno de los representantes, mientras Espinosa dijo que la mayoría de las cantidades reclamadas por el fisco no superan los 100 euros por cada afectado.
UPA PIDE RESPONSABILIDADES
En este sentido, el directivo de UPA-UCE y miembro de la Comunidad de Regantes de Orellana, Miguel Leal, manifestó a EL PERIODICO EXTREMADURA que los regantes "siempre hemos pagado en las fechas que nos daban, pero Confederación entendía que para ella la fecha de pago era cuando llegaba la fecha de ingreso a su banco, el Banco Atlántico, independientemente de que el banco con el que cada uno trabaja hubiera hecho la transferencia un mes antes".
Según Leal, el presidente de la CHG "se está cachondeando de los regantes", ya que UPA-UCE, dijo, llegó un acuerdo con el presidente de la Confederación, por el que se dejó claro que "presentábamos los expedientes y que si había cuatro o cinco días de diferencia se entendía que estaban dentro del plazo". Ahora, insistió, la entidad ha vuelto a mandar las cartas a los agricultores diciendo que deben pagar otra vez, cuando "a mucha gente se le devuelve el dinero que se le había cobrado del 20% de recargo", y se les reabre el expediente cinco meses después de alcanzado el acuerdo entre ambas partes.
INDIGNACION
Por ello, la indignación de esta organización agraria --la que más agricultores agrupa en la provincia de Badajoz-- es palpable, y culpan a la CHG por los problemas que acarrea a los regantes; muchos más que los que puedan generarse por la Confederación Hidrográfica del Tajo, "que está mucho mejor organizada", comentó Leal.
Además de ello, UPA-UCE viene denunciando la subida progresiva de las tarifas del agua.En todo caso, UPA-UCE ha pedido una reunión con el presidente de la Confederación, porque "tomó ese acuerdo con nosotros y los técnicos trabajaron con nuestros técnicos para ir viendo caso por caso", señaló Leal.Esta organización agraria quiere que el responsable de la Confederación Hidrográfica del Guadiana "vuelva a rectificar, retire la carta que ha mandado a los regantes y si no es así, tomaremos las medidas que tengamos que tomar, porque no nos vamos a quedar quietos", advirtió, aunque no quiso desvelar posibles medidas a tomar en el caso de que no se atiendan sus peticiones.Este periódico se puso ayer en contacto con la Confederación Hidrográfica del Guadiana para cotejar su opinión al respecto, pero ningún responsable de la entidad contestó a esta llamada.
