El presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, arremetió ayer contra el documento remitido recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente al Grupo Gallardo sobre la refinería proyectada en Tierra de Barros. Entre otras cosas, Ibarra habló de "arbitrariedad", afirmó que la ministra Cristina Narbona está "mal asesorada" y reclamó al Ejecutivo central que este proyecto sea tratado igual que las industrias de otras comunidades.

Tal y como adelantó este diario, en ese documento --elaborado tras las consultas realizadas a 140 entidades-- el ministerio solicita a Gallardo que explique, entre otras cosas, por qué la refinería se construye en la región y no en la costa a pesar de impacto que supondría, --en determinadas zonas de interés ambiental--, el oleoducto desde Huelva. También le pide que analice el impacto de las emisiones contaminantes en un radio de 70 kilómetros.

Ibarra compareció ayer ante los medios con un mensaje claro: En su opinión el Ministerio de Medio Ambiente está discriminando el proyecto extremeño. Y es que, a su juicio, ese documento "tiene partes que son razonables y partes que son pura arbitrariedad".

Sin ningún criterio En primer lugar puso en duda el criterio seguido a la hora de elegir las entidades consultadas en esta fase previa, un listado arbitrario, algo que demostraría el hecho de que se pregunte a la plataforma contraria a la refinería y no a la que está a favor. En cuanto a las pegas puestas por el ministerio al proyecto, el presidente extremeño cuestionó su legitimidad para pedir al empresario que explique por qué la refinería no se ubica en la costa, puesto que el Ejecutivo debe ceñirse únicamente al proyecto presentado.

Rodríguez Ibarra también lamentó la diferencia de trato que ha detectado con respecto a otros proyectos similares. Así, señaló que mientras el ministerio pide que se estudie el impacto medioambiental de la refinería en un radio de 70 kilómetros "en Cartagena se piden 10 kilómetros a la redonda". Para el presidente esto persigue un único objetivo, que es "que el Gobierno portugués tenga que opinar... y cuanta más gente opine más se tardará en responder".

Sobre el efecto que podría tener la esta refinería sobre el futuro de los viñedos de Tierra de Barros --otro de los puntos que el ministerio pide que se analice--, Ibarra fue contundente en su respuesta: "¿Y a usted qué le importa? Es el ministerio de Medio Ambiente, no el de Economía".

"Mal asesorada" En este sentido, recordó que las decisiones sobre cuál debe ser la estructura económica regional corresponden a la Junta y no al Gobierno, algo que, además, no se cuestiona en el resto de las refinerías.

Ibarra achaca la negativa actitud del ministerio a la "arbitrariedad" de quien "sigue pensando que las refinerías tienen que estar en la costa". Por eso, tiene claro que Cristina Narbona, "está mal asesorada".

El dirigente regional reconoció que ha contactado en varias ocasiones con Narbona para abordar este proyecto y en esas conversaciones ella "nunca ha dicho que esté en contra de la refinería", sino que le ha garantizado "que se cumplirá la ley".

Sin embargo, el presidente de la Junta considera que el departamento de Narbona "no cumple la ley" cuando pregunta al empresario por los derechos de emisión de la planta, puesto que estos derechos solo pueden solicitarse "seis meses antes de que empiece a funcionar".

Por último criticó que se analice conjuntamente el impacto de la refinería y el del oleoducto, algo que según dijo no se ha hecho con el resto de las refinerías.

Por otra parte, señaló que en esta fase de consultas el Gobierno regional ha remitido al ministerio varias sugerencias sobre este proyecto industrial.

En lo que se refiere al trazado del oleoducto, la Junta apuesta por la opción que discurre junto a la Autovía de la Plata y posteriormente por la autovía Sevilla-Huelva.

También le ha comunicado al Ministerio de Medio Ambiente qué normativa europea y regional deberá cumplir el proyecto, así como que el paraje sobre el que se construirá no está en una zona protegida.

El último aspecto analizado por el Ejecutivo autonómico es el del abastecimiento de agua de la planta, que para Ibarra "no ofrece ningún problema" porque supondrá tomar apenas el 0,4% del agua embalsada en el pantano de Alange.