La pornografía infantil a través de internet ha vuelto a salpicar Extremadura, donde cuatro personas han sido imputadas en la mayor red de tenencia y distribución de material pedófilo en la Red desarticulada hasta ahora en España gracias a una amplia y coordinada operación policial.

La magnitud de la llamada Operación Carrusel la ponen de manifiesto datos, tales, como que en ella han participado 800 policías nacionales; se ha detenido a 121 personas, una de ellas de Cáceres; a las que suman 96 imputados más, tres extremeños; y en la que se han realizado 210 registros domiciliarios en 42 provincias, dos en la cacereña.

Además, se han intervenido millones de archivos de video y fotografías, "algunos de ellos con agresiones a menores de extrema dureza"; y puesto de manifiesto que dos de los detenidos, un catalán de 31 años y un cántabro de 40, "habían fotografiado a sus sobrinos de menos de 10 años en actitudes obscenas, aunque por ahora no consta que abusaran sexualmente de ellos".

Del desarrollo y resultados de esta "brillante" operación policial en la comunidad extremeña pocos datos se facilitaron en la Dirección General de la Policía Nacional en Madrid, que tan solo indicó a este diario que de Extremadura "hay un detenido y tres imputados", todos ellos de Cáceres, donde "se han realizado dos registros domiciliarios".

Fuentes cercanas a la investigación concretaron a EL PERIODICO que el detenido en Cáceres es un joven de unos 20 años, residente con su madre en una vivienda de la zona de la cacereña plaza de Italia, que "no hace nada, ni trabaja ni estudia" y que, al parecer, "se pasa todo el día delante del ordenador".

Tanto él --fue detenido en su domicilio y trasladado a la Comisaría para interrogarle-- como los otros tres implicados --no se les detuvo, sino que se les requirió para que acudieran a declarar a la Comisaría en calidad de imputados-- fueron puestos en libertad con cargos tras prestar declaración.

Posteriormente, informaron las fuentes consultadas por este diario, la Comisaria Provincial de Cáceres remitió los informes y declaraciones de todos ellos tanto al Juzgado de Guardia de Cáceres como al Juzgado de Instrucción 5 de Madrid, primero en hacerse cargo de esta causa. De ella, previsiblemente, "se hará finalmente cargo la Audiencia Nacional por afectar a numerosas provincias".

Este hecho hace que aquí se desconozca si por parte de las autoridades judiciales se ha llamado ya a declarar a los cuatro extremeños implicados en esta operación e imputados por un delito de tenencia y distribución de material pedófilo.

Este es el delito que se imputa al total de 217 personas --121 detenidas y 96 imputadas-- a las que la policía implica en la red desarticulada a través de la Operación Carrusel que ayer hizo pública el Ministerio del Interior.

Las detenciones, se informó, se han practicado, además de en la comunidad extremeña, en Cataluña (49), Andalucía (37), Madrid (29), Valencia (22), País Vasco (15), Castilla y León (13), Galicia (11), Castilla-La Mancha (8), Canarias (7), Murcia (6), Aragón, Baleares y Cantabria (5), y La Rioja (1).

Y sobre el perfil de los detenidos en el marco de esta operación, todos ellos hombres, se indicó que es muy amplio, pues hay diferentes profesiones (pilotos comerciales, conserjes, taxistas, empleados de banca...), distintos niveles de estudios y una amplia franja de edades (desde menores de edad hasta jubilados). Concretar, como ejemplos, que hay cuatro profesionales de la docencia, "aunque ninguno trabajaba con niños", estudiantes, informáticos, funcionarios y una veintena de desempleados.

ALCANCE TOTAL De la operación, llevada a cabo por la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) de la Comisaría General de Policía Judicial, con el apoyo de las brigadas provinciales de policía judicial de las localidades implicadas, se informó ayer que se inició en julio del año pasado con la colaboración de la Policía Federal de Brasil.

Las investigaciones conjuntas realizadas "permitieron localizar, en una conocida red de intercambio de ficheros, más de 18.000 conexiones correspondientes a proveedores de acceso a internet radicados en 75 países, en las que se distribuían numerosos archivos de contenido pedófilo". Y tras esta localización, la BIT centró su investigación sobre más de 1.600 conexiones pertenecientes a España, y logró identificar 250 domicilios desde los que se habían descargado y distribuido las imágenes pornográficas, por lo que se solicitaron los correspondientes mandamientos judiciales de entrada y registro.

Se han practicado ya 210 registros, en los que han participado 200 secretarios de 120 partidos judiciales; y se han intervenido millones de archivos de contenido pedófilo entre los que se han localizado vídeos de extrema dureza que contenían agresiones a menores de muy corta edad, así como 347 discos duros, 1.186 CDIs y DVDIs, 36 ordenadores portátiles, 15 pendrive, dos cámaras de fotos, dos cintas VHS y siete tarjetas de almacenamiento.