A los ocho imputados por el que se plantea como el mayor fraude fiscal llevado a cabo en la región se les podría acusar, en vista de los hechos, de un delito contra la hacienda pública, en la modalidad de disfrute de beneficios fiscales, en régimen de acumulación de penas con un delito de falsedad documental, informaron a EL PERIODICO fuentes jurídicas. Por tanto, se enfrentarían a penas de entre año y medio y 7 años de prisión.
Para los autores de un delito contra la hacienda pública, el Código Penal establece, siempre que los beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados excedan de los 90.000 euros, penas de uno a cuatro años de prisión y una multa seis veces superior a la cuantía defraudada. Además, la perdida de la posibilidad de obtener ayudas públicas y el derecho a gozar de beneficios fiscales en un periodo de tres a seis años.
A estas penas se sumarían las que el Código Penal contempla para los delitos de falsedad documental. Las fuentes jurídicas consultadas matizaron que podría ser de aplicación en este caso el artículo 392, referente a los particulares que cometan falsedad. De serlo, las penas para los imputados serían de seis meses a tres años de prisión y multas de seis a doce meses. ISABEL BRAVO
