El decreto en tramitación sobre la norma de calidad del cerdo ibérico afectará a toda la cadena productiva del sector. Los agentes implicados irán desde el ganadero hasta el comerciante dedicado a la distribución de los productos ibéricos en las tiendas, pasando por las industrias transformadoras.
Jesús Pérez, gerente de la empresa cárnica Simón de Jerez de los Caballeros, apunta que se trata de una normativa que aunque supone un coste adicional tanto para ganaderos como industriales, ya que se les exigirá ponerse en contacto con certificadoras que controlen el proceso, es necesaria para que el consumidor sepa qué producto compra sin ser engañado.
Según el gerente, los ganaderos tendrán que contratar esos servicios para constatar que su alimentación y crianza coinciden con el sello con el que se comercializa. Esta normativa obliga a todos los operadores de la fase de producción a realizar un sistema de autocontrol que deberán llevar a cabo organismos independientes reconocidos por la Administración competente. En la cadena le seguirá el industrial, que también tendrá que pagar los costes de autocontrol.
UPA nacional apuntó ayer que es absolutamente necesario, al menos en una fase inicial, que todos los ganaderos tengan acceso a la certificación gratuita, idea que apoyó Jesús Pérez como solución, aunque la descarta por los intereses que puede haber.
A pesar de ello, Pérez cree necesaria la modificación, aunque "debe ser aplicada a todos por igual, porque muchas empresas funcionan sin control".
Guillermo Martínez, propietario de Iberllota en Zafra, afirma que "por ahora se trata de un decreto un poco desastre que no va a dar resultado". Martínez lamenta así que los afectados últimos serán los consumidores, ya que "el producto ibérico se puede encarecer".
