La nueva normativa obliga a las entidades a explicitar en un documento, que ha de ser aprobado por el consejo, su política de precios en cada sector (las ofertas normales que se le hacen a los clientes) y el nivel de riesgo que hay contraído en cada segmento de actividad. En la memoria ha de figurar, por ejemplo, cómo afectaría a las cuentas una subida o bajada de los tipos de interés en un punto porcentual.
