El 20 de diciembre del 2015, al día siguiente del atropello masivo en un mercadillo de Berlín, la Policía Nacional remitió un oficio a a todas sus jefaturas, a las policías autonómicas y municipales para que instasen a los ayuntamientos a adoptar «medidas de protección física en espacios públicos» que impidiesen ataques similares. «La protección de estos espacios públicos se debería llevar a cabo por los ayuntamientos mediante la instalación provisional de grandes maceteros o bolardos en los accesos a los mismos que dificulten o impidan la entrada de vehículos», aconsejaba la circular.

Sin embargo, la Rambla barcelonesa carecía de estas medidas de protección, una ausencia que desde el jueves se echan en cara las tres administraciones implicadas: Gobierno, Generalitat y ayuntamiento. Tras recibir aquella directriz, los Mossos se desmarcaron alegando que la seguridad ciudadana era una competencia de la Generalitat, que convenía evitar el «alarmismo» y que en Cataluña no se había detectado «ninguna amenaza concreta» por parte del yihadismo, según el portavoz de la policía autonómica, Xavier Porcuna.

NUEVA CIRCULAR / «Claro que se bloquearán los accesos a los espacios con aglomeraciones cuando se considere que esta es la mejor manera de protegerlos, pero no daremos ninguna orden genérica ni indiscriminada», aseveró Porcuna. Ayer, en cambio, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Jordi Turull, se escudó en «razones técnicas» para justificar que no se atendiese el consejo de la Policía. Tras el atentado de la Rambla, el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, señaló a la Consejería de Interior como responsable de las medidas de seguridad antiterrorista y de la ausencia de bolardos. «Jamás el Ayuntamiento se ha negado a poner bolardos», tuiteó.

Pero la alcaldesa, Ada Colau, descartó «llenar Barcelona de barreras» subrayando que debe seguir siendo «una ciudad en libertad». El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, recordó que sería «conveniente» que todos los ayuntamientos cumplieran la circular. Horas después, su número dos, José Antonio Nieto, emitía un oficio reiterando la necesidad de instalar medidas pasivas de seguridad en los puntos neurálgicos de las ciudades.