Entre la policía y sus compañeros de residencia le llaman Juan , aunque su nombre es Ionu. Es uno de los pocos ciudadanos rumanos que ayer quedaban en el asentamiento ilegal de la localidad pacense de Santa Marta de los Barros, donde continuaban al cierre de esta información cinco familias, de los 2.000 rumanos que han vivido en este municipio de algo más de 4.000 habitantes desde el verano. Poco a poco se han ido marchando por su cuenta pero Juan --a las autoridades policiales les sirve de traductor, algo que no le gusta por el peligro que supone ante sus compatriotas-- seguía ayer allí pese a que el domingo debían haber abandonado todos la finca que han ocupado sin permiso.

Con diez euros en el bolsillo no puede ir a ningún sitio, argumenta tras el vallado que cerca todo el asentamiento, mientras reitera que a sus 24 años tiene tres hijos que alimentar. Por ello, pide que le dejen permanecer allí, junto a los demás, durante esta semana para poder limpiar todo el asentamiento, a cambio de dinero. Desde el otro lado, los vecinos dicen respirar más tranquilos una vez que la gran mayoría de estos ciudadanos se han marchado después de trabajar en la campaña de la vendimia y algunos en la recogida de aceituna.

Mientras él habla, dos guardas de seguridad vigilan desde detrás de la valla que no haya ningún problema con las obras que se están realizando justo al lado del asentamiento, aunque comentan que no les han dado problemas hasta el momento.

En medio, una finca que más parece un basurero, por la cantidad de suciedad que hay en el lugar. "Yo no tengo dinero para marcharme ahora, ni para nada, pero si trabajo una semana podré irme", asegura, mientras enseña su cartera con un billete de diez euros. Es todo lo que tengo, dónde voy con esto", insiste. Reconoce que puede haber rumanos "buenos y malos", como españoles, dice, pero "le he dicho a la Guardia Civil que me dejen una semana para trabajar, y cuando tenga dinero, me voy a Rumanía; así dónde me voy".

El pueblo, más tranquilo

Juan vuelve con sus compañeros de asentamiento y apenas a 500 metros de distancia los vecinos de Santa Marta dicen respirar "bastante más tranquilos", como comenta un trabajador de una gasolinera cercana, que ha tenido problemas con algunos de los ciudadanos rumanos durante meses, ya que robaban agua de un grifo de la estación.

Mari Carmen, trabajadora de un supermercado asegura que ella no ha tenido problemas con estas personas, pero "se nota que la gente está más tranquila, porque ha habido robos en el pueblo".

Ahora esperan que las autoridades tomen medidas para que la situación no se repita el próximo año.