Los jueces lanzaron ayer un sonoro aviso al Gobierno con un paro secundado por la mitad de su plantilla, pero recibieron del Ejecutivo un mensaje no menos inquietante: que su huelga, la primera de la judicatura en la historia de España, podría ser la última. El efecto combinado del parón judicial --apoyado por el 62% de los magistrados, según los convocantes, o por el 35%, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-- y de las protestas masivas frente a las sedes de los juzgados, protagonizadas también por los que no se sumaron a la huelga, multiplicó el eco del descontento. Frente a esta demostración de fuerza, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunció que se prohibirá por ley que la judicatura haga huelga.

La jornada transcurrió sin incidentes y con menos trastornos para los ciudadanos de lo esperado. A ello contribuyó la suspensión de vistas y juicios decretada con suficiente antelación por los jueces, lo que evitó la presencia innecesaria de gente en los juzgados. Con este mínimo impacto sobre el servicio, los miembros de la carrera judicial lograron concentrar el foco mediático en sus aireadas reivindicaciones.

El colectivo judicial llegaba a su debut como huelguistas partido en dos por las diferentes estrategias adoptadas para presionar al Gobierno y lograr sus objetivos de incrementar y mejorar los medios materiales y humanos de la justicia. Las dos asociaciones convocantes (Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) se habían desmarcado de las otras dos (la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura y la progresista Jueces para la Democracia), partidarias de conceder margen al Gobierno antes de parar el próximo 26 de junio.

Esa división también se produjo en las juntas de jueces que impulsaron la huelga de ayer bajo el manto del Movimiento 8 de Octubre, una corriente surgida de forma espontánea a través de la intranet que comunica a los magistrados. En las asambleas del pasado 21 de enero, hubo cerca de la mitad que apoyaron el plante del 18-F.

EL DATO REFLEJA LA RUPTURA Los resultados reflejan fielmente esa escisión si se sitúan los datos a mitad de camino entre los de los convocantes y los del órgano de gobierno de los jueces. Según las asociaciones, la huelga fue secundada por el 62% de los magistrados al contar con el apoyo de 2.200 personas. En cambio, el CGPJ redujo ese número a 1.635 jueces y cifró la participación en el 35%. A pesar de ello, reconoció en un comunicado que la protesta "pone de manifiesto que existe una amplia voluntad de cambio en la justicia española".

Aparte de la divergencia en el cómputo de huelguistas, el desfase en el porcentaje se debe a que el consejo tomó como referencia la cifra total de la plantilla de jueces (4.621), mientras que los convocantes la redujeron en 1.100 personas (hasta 3.500) al excluir a los jueces sustitutos, en excedencia o de baja.

Con este último criterio, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Maria Eugènia Alegret, cifró en el 40% el seguimiento de la huelga en los juzgados catalanes, con una participación total de 238 magistrados. Ese mismo dato sirvió para que el CGPJ situara el porcentaje en el 33% sobre la base de una plantilla de 712 personas, y no las 597 que estaban llamadas en realidad a la huelga, según Alegret.

MINIMA REPERCUSION El paro obligó a aplazar en Cataluña 202 juicios u otras diligencias judiciales, una proporción que Alegret consideró "pequeña" en relación con el número de señalamientos previsto. La presidenta del TSJC se apoyó en la suma de los magistrados que pararon y los que solo participaron en las concentraciones para asegurar que las reivindicaciones son asumidas por "prácticamente todos los jueces".

En Madrid fue seguida por el 55% de la plantilla (279 magistrados de 500 posibles), según los datos de los convocantes. Pero como sucedió con Cataluña, el CGPJ habló de 212 huelguistas de un total de 654 jueces (32%). La repercusión en los juzgados madrileños fue también escasa, ya que coincidió con la tercera jornada de la huelga de los funcionarios judiciales contra el Gobierno de Esperanza Aguirre, que ya había dejado reducida sensiblemente la actividad.

En el edificio de la madrileña plaza de Castilla, algunos jueces se quejaban de que el ministerio había utilizado a los secretarios judiciales como "delatores" al obligarles a comunicar los "actos procesales suspendidos" en el día de ayer. Veían detrás de esta maniobra un intento de controlar a los huelguistas.

AVISOS Otro consideraba "poco probable" que el CGPJ se atreviera a sancionarles, ya que podría estar cometiendo "un delito" contra el ejercicio de un derecho fundamental. En cuanto al posible descuento salarial del día no trabajado, advertía de que podría ser un reconocimiento de que pueden ir a la huelga.