En noviembre del 2008 el juez Baltasar Garzón dejó en manos de los juzgados territoriales la causa contra los crímenes del franquismo, especialmente los asuntos referidos a la investigación de desapariciones y la apertura de fosas. Un año y medio después, ningún tribunal de la comunidad autónoma tiene abierto ningún tipo de procedimiento sobre este asunto. Esa es la información que manejan la Asociación Regional para la Recuperación de la Memoria Histórica (Armhex), el Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura (Premhex) y el propio Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
Garzón, que en octubre del 2008 se declaró competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura, se inhibió en favor de los juzgados territoriales apenas un mes después, al estar estos más próximos a los lugares donde presuntamente ocurrieron las desapariciones y a las fosas donde fueron a parar muchas de las víctimas de la represión. Así lo notificó a medio centenar de juzgados de toda España --entre ellos los de Mérida, Don Benito, Trujillo y Navalmoral--, a los que recordaba que el crimen a investigar era "detención ilegal con desaparición forzosa de personas", es decir, un crimen de lesa humanidad.
Pese a la grave acusación y a que esta decisión les habilitaba para actuar de oficio --sin esperar a un requerimiento de las víctimas--, ningún juzgado extremeño ha seguido adelante con la causa abierta por Garzón. Según una información publicada por el diario Público en su edición del pasado domingo, los cuatro juzgados extremeños que recibieron el encargo del magistrado de la Audiencia Nacional han archivado la causa. Fuentes del TSJEx explican que en este organismo --encargado de coordinar los órganos judiciales en la región-- no hay constancia de que ningún juez mantenga abierta causa alguna en este sentido, después de que hace unos meses se requiriera a cada uno de los partidos judiciales información sobre este asunto.
Tampoco los responsables de Armhex, que siguen con detenimiento cada uno de los pasos que se da en Extremadura para restituir a familiares y víctimas, han apreciado colaboración de estos órganos judiciales de la región. "No ha avanzado ninguno. Según han ido llegando las causas remitidas por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, se han ido archivando pese a la gravedad de los hechos y, en la mayoría de los casos, sin ni siquiera citar a declarar a los familiares que buscan los restos", apunta el presidente de este colectivo, el abogado José Manuel Corbacho.
LA ACTIVIDAD NO HA CESADO Pese a esta situación de parálisis en los órganos judiciales, la actividad no ha parado. Las investigaciones siguen adelante y, como reconoce el historiador de la Universidad de Extremadura Julián Chaves, tanto la Ley de Memoria Histórica como la decisión inicial de Garzón de declararse competente para investigar los hechos han servido para que víctimas y familiares se animaran a participar en el proceso y hayan aportado nueva información. Fruto de ello son acciones como las prospecciones y exhumaciones que vienen realizando Armhex y el Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica.
Según los datos que maneja Armhex, durante los últimos años se han exhumado las fosas de los cementerios de Calamonte y Mérida y de diferentes parajes de Salvatierra de Los Barros, Villar del Rey, Llerena, Pozuelo de Zarzón y Escurial. Además, están en estudio, a petición de familiares, las excavaciones en Mirandilla, Feria, Santa Amalia, Fregenal de la Sierra, Zorita, Campillo de Llerena y Cabeza la Vaca. Y se han llevado a cabo prospecciones y estudios previos en Aceuchal, Castuera, Fuente de Cantos, Guareña, La Haba, Helechal, Llerena, Medellín, Mérida, Mirandilla, La Nava de Santiago, Nogales, Puebla de Alcócer, Puebla de Obando, Quintana, Salvatierra, Talarrubias, Villar del Rey, Bohonal de Ibor, Cadalso, Escurial, Gargüera, Miajadas, Ceclavín, Pozuelo, Villanueva de la Vera, Villasbuenas de Gata y Zarza la Mayor, entre otros.
Cayetano Ibarra, coordinador del Proyecto de Recuperación en Extremadura (Premhex), amplía a nueve las fosas exhumadas desde el 2003: las siete anteriores más la mina de Valdihuelo, en San Vicente de Alcántara, y Villasbuenas de Gata. De estos lugares se han obtenido restos de 247 personas, aproximadamente.
SIN JUECES Ninguna de esas nueve aperturas de fosas ha tenido lugar durante el último año. O lo que es lo mismo, apenas ha habido movimiento desde que Garzón se inhibió en favor de los juzgados territoriales. Pero Cayetano Ibarra cree que no hay relación entre una cosa y otra: "Si no se han realizado exhumaciones ha sido por motivos como por ejemplo la climatología. En los últimos meses está lloviendo mucho y hace casi imposible cualquier trabajo de este tipo". Como recuerda, "nunca ha sido imprescindible la intervención del juez; desde 1979 se vienen abriendo fosas en Extremadura sin ayuda de Garzón ni ningún otro magistrado. Existe una Ley de Memoria Histórica que regula cómo debe ser el proceso y con eso es suficiente".
Más crítico se muestra José Manuel Corbacho: "las exhumaciones cumplen una función de la que se ha venido inhibiendo la administración de justicia y, ahora, el proceso contra Garzón ha frenado toda investigación por cualquier juzgado. En toda España, en lo que va del 2010, no ha habido ni una provindencia para investigar y en cambio se han sucedido los archivos". Pese a ello, tanto Armhex como Premhex siguen con su trabajo. Tienen previstas próximas exhumaciones en Zarza la Mayor, Santa Amalia, Feria, Fregenal o Zorita, sin necesidad de esperar al juzgado.
