La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenó ayer el arresto para ingreso en prisión del cesado presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro miembros del depuesto Govern que le acompañan en su exilio voluntario en Bruselas por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia a la autoridad. [
La magistrada rechaza utilizar en este caso la videoconferencia, propuesta por el expresident y dos de sus consellers destituidos para interrogarles, porque ese sistema se prevé para quien reside en otro país y no para quien «se fuga y se refugia» voluntariamente fuera de España. Además, ninguno de ellos ha facilitado siquiera un domicilio para poder llevarla a cabo. La magistrada ha dictado dos autos por cada uno de los reclamados. Se trata, además de Puigdemont, de los exconsejeros Meritxell Serret, Lluís Puig, Toni Comín y Anna Ponsatí. En uno de los autos, la jueza da curso a las euroórdenes enviadas a Bélgica para que la Fiscalía Federal del país las tramite contra todos ellos. Esta ya ha recibido el requerimiento y, tras estudiarlo, lo enviará al juez de instrucción que corresponda, informa Silvia Martinez.
En el otro, ordena la detención nacional e internacional de todos los que no comparecieron en la Audiencia Nacional, con el objetivo de evitar que ahora se trasladen a otro lugar con el objetivo de volver a eludir la acción de la justicia.
En sus resoluciones, la magistrada reproduce los hechos por los que este jueves envió a prisión al depuesto Govern, destacando el protagonismo que en ellos tuvo el expresident. Afirma que, «encontrándose Carles Puigdemont en paradero desconocido, al no haber sido encontrado su domicilio, procede acordar su prisión provisional comunicada y sin fianza y su busca y captura por requisitoria, librándose asimismo orden internacional de detención y entrega con fines extradicionales».
Según la jueza, Puigdemont «promovió actos, manifestaciones y proclamas abonando en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación de Cataluña sobre el cual quedaba legitimada cualquier actuación del Govern y del Parlament al margen de las leyes y en contra de la Constitución, haciendo nacer en la sociedad la creencia de la legitimidad de las actuaciones en contra del poder constituido».
Esa declaración de independencia, señala, «llevaba anudada la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto intimidatorio que los mismos representaban».
