Una ciudad administrativa dentro de otra ciudad. Así ha proyectado la Junta el que será el mayor centro administrativo de Extremadura, que se ubicará en el solar dejado por el derribo de las infraviviendas de la barriada emeritense de La Paz, cuyos habitantes fueron realojados en otras zonas. Según el concurso de ideas que ha puesto en marcha la Consejería de Fomento, del solar de casi 33.000 metros cuadrados se ocuparán unos 21.000, con una edificabilidad máxima de 50.000 metros.

Aproximadamente la mitad de este terreno servirá para albergar las consejerías de Educación, Desarrollo Rural, Fomento, Sanidad y Cultura, que ahora están dispersas por la capital extremeña, con muchos de sus departamentos en edificios alquilados. Así, este proyecto, cuyo coste se estima en alrededor de 30 millones de euros, permitirá, por un lado, que el acceso de los ciudadanos sea mucho más fácil, al unificar todos los servicios en la misma zona, y por otro, que la Junta se ahorre aproximadamente 1,7 millones de euros en alquileres cada año.

En las condiciones marcadas en el concurso de proyectos convocado por Fomento, cuyo plazo de admisión de ideas se cierra el 6 de septiembre, se indica que los planeamientos deben incluir edificios de dos o tres alturas, con sótanos para aparcamientos oficiales, archivos y almacenes, y una distribución interior en forma de tabiquería desmontable, de manera que estén "pensados con un máximo de flexibilidad interior para adaptarse a circunstancias imprevistas e, incluso, a posibles restructuraciones de las consejerías".

OTROS SERVICIOS Igualmente, es obligatorio que la ordenación de los edificios permitan la máxima seguridad, y queden aislados de manifestaciones "o posibles desórdenes públicos".

Además, se indica que la zona debe contar con aparcamientos en superficie para 300 vehículos, otro subterráneo de uso público cuya explotación saldría a concurso y áreas de servicio con cafeterías, restaurantes y guarderías. Otra parcela se destinaría a viviendas, con vistas a la construcción de casas a precio tasado, según los planes de la Administración autonómica.

Del mismo modo, la intención ya manifestada por el Ejecutivo regional, y con la que no parece estar muy de acuerdo el ayuntamiento, es que se destinen parcelas para la construcción de un Palacio de Justicia, que agrupe allí todos los órganos judiciales con que cuenta Mérida y los que pudiesen venir en el futuro, para lo que ya se han mantenido contactos con el Ministerio de Justicia, y la Comisaría de la Policía Nacional.

Conforme a los plazos de los trámites previos que están previstos, el centro administrativo podría tener proyecto definitivo en los primeros meses del 2005, con lo que las obras arrancarían ese mismo año. Al margen del propio presupuesto regional, en la memoria se indica que parte de la financiación para levantar las consejerías vendría por la venta de parcelas de uso residencial o comercial, la concesión del aparcamiento o la venta de edificios de la Junta ahora ocupados por departamentos que se trasladarían a la nueva sede, con lo que quedarían en desuso.