La Junta de Extremadura prevé que la Ley de Dependencia dé "una cobertura total" en su primer año de funcionamiento a todos los grandes dependientes extremeños que soliciten las ayudas, es decir, aquellos que cuando por su total pérdida de autonomía física o mental necesitan la presencia indispensable de otra persona. Así lo manifestó ayer la consejera de Bienestar Social, Leonor Flores, tras la constitución en Madrid del Consejo Territorial de la Dependencia, órgano de cooperación entre las diferentes administraciones para la puesta en marcha y el desarrollo del futuro sistema para la atención a las personas dependientes.
La creación del Consejo se llevó a cabo con las críticas de los consejeros de las autonomías gobernadas por el PP, quienes se negaron a participar en las distintas votaciones, al considerar "abusivos" la representación del Gobierno y el sistema de toma de decisiones en este órgano.
En este sentido, Flores, que aseguró estar "satisfecha" por la puesta en marcha del nuevo órgano, se mostró muy crítica con la actuación de los populares, "intentando bloquear" el desarrollo de la normativa.
VISTO BUENO A LOS BAREMOS Por otra parte, la consejera destacó "el visto bueno" dado ayer por el Consejo a los baremos que permitirán puntuar los diferentes grados de discapacidad para poder optar a las ayudas. "Los baremos están elaborados por técnicos especialistas en la materia y ahora se llevarán a los distintos consejos consultivos para que se puedan debatir y presentar enmiendas si lo consideran oportuno".
Con los pasos dados ayer, señaló Flores, se cumplen las previsiones iniciales que señalan el 1 de abril como fecha en la que empezará a aplicarse la ley, una vez que fijen definitivamente los criterios de baremación y la cartera de servicios comunes en toda España.
De momento, los más de 6.700 grandes dependientes extremeños deberán alcanzar como mínimo 75 puntos sobre un total de 100 para poder acceder a las ayudas que se concederán este año a través de la Ley de Dependencia. Así lo establece el documento propuesto por el Gobierno y aprobado ayer por las comunidades autónomas tras la constitución del Consejo Territorial de la Dependencia.
El denominado Instrumento de Valoración de la Dependencia aprobado ayer consiste en un formulario en el que se plantea a las familias preguntas sobre la capacidad para realizar tareas diarias del dependiente. Este baremo contempla instrumentos para medir la capacidad de decisión de discapacitados intelectuales y pacientes mentales, así como tablas específicas dirigidas a menores de tres años para valorar sus problemas de desarrollo.
El documento señala que el ciudadano puede recibir una evaluación de hasta 100 puntos que le definirá como persona dependiente en los siguientes grados: grado 1 --de 25 a 49 puntos--; grado 2 --de 50 a 74 puntos-- y grado 3 --de 75 a 100--. Además, cada uno de estos grados está dividido a su vez en dos niveles, en función de la autonomía de las personas y de la intensidad del cuidado.
LAS CUESTIONES Los técnicos evaluarán la dependencia en función de las respuestas recibidas sobre cuestiones como los problemas para abrir botellas, cortar la carne, sorber las bebidas, lavarse las manos, cortarse las uñas, calzarse o abrocharse un botón. Las personas deberán marcar con una cruz las casillas de respuesta en función de los criterios citados con el fin de identificar el nivel y los problemas de desempeño en el entorno domiciliario y el grado de apoyo que necesitan por parte de otras personas.
Asimismo, se aprobó un baremo específico para valorar la dependencia de los niños de 0 a 3 años. El documento establece tres grados de dependencia --moderada, grande y severa-- pero sin niveles en cada uno de ellos. La ficha de los menores adjuntará un informe médico, que reflejará los problemas de desarrollo y de salud de carácter crónico, prolongado o de larga evolución, así como los datos relativos al diagnóstico, tratamiento y medidas de soporte funcional, terapéutico y ayudas técnicas.
Los expertos evaluarán también las funciones mentales y
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