La Junta de Extremadura rechazó ayer la posible implicación del director general de Política Agraria Comunitaria, José Luis Quintana, en el fraude del cobro de ayudas al sector del tomate, en contra de lo que aseguran tanto Izquierda Unida como la organización agraria Coag.
Así, Manuel Cañada, coordinador regional de IU, solicitó la dimisión inmediata de Quintana por sus pasadas implicaciones en Los Corbos, una empresa incluida en el entramado empresarial que presuntamente estafó 27 millones de euros en el cobro de ayudas europeas. Asimismo, avanzó que cuando tras las elecciones se constituya el Parlamento regional su formación solicitará --como ya hicieron anteriormente-- la apertura de una Comisión de Investigación en la Asamblea para aclarar todo lo relacionado con este fraude.
Por otra parte, anunció que hoy mismo Izquierda Unida presentará una denuncia en los tribunales contra la Junta y el Ministerio de Agricultura al considerar que han sido "cómplices institucionales" al no atender en su día las denuncias presentadas sobre esta situación. También denunciarán al propio Quintana y a las empresas implicadas en el caso de presunta estafa.
Por su parte, el secretario general de Coag, Luis Cortés, explicó que su organización se presentará como acusación particular en la causa abierta en el juzgado de Instrucción número dos de Badajoz, al tiempo que solicitó que se depure la posible responsabilidad de Quintana.
MULTA "DESCOMUNAL"
Por último, destacó lo "descomunal" de la multa impuesta a las industrias, ya que podría hacer peligrar su viabilidad y, por lo tanto, la actividad de los agricultores que les venden sus productos, informa la agencia Efe.
Mientras, la Junta de Extremadura desmintió categóricamente la posible implicación de Quintana en la trama porque "no ha pertenecido a ninguna OPFH en calidad alguna, ni como interventor ni como nada, y ninguna OPFH tiene domicilio relacionado con él". Además, el Gobierno regional explica que durante las investigaciones ni la Guardia Civil ni las autoridades judiciales se han dirigido a la Junta, entre otras cosas porque el presunto fraude que ha salido a la luz se produjo cuando la gestión de las ayudas comunitarias estaba aún en manos del Gobierno central.
