El Ejecutivo extremeño aprobó ayer un decreto por el que arbitra tres líneas de ayudas adicionales a las aprobadas por el Gobierno central para paliar los efectos provocados por la sequía en el sector agroganadero. En total, según indicó el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, podrán alcanzar los 7.500 euros por explotación. Ibarra dejó claro que para acceder a los tres tipos de subvenciones los beneficiarios deberán cumplir la obligación impuesta por el Ministerio de Agricultura de contratar seguros agrarios para el próximo año, de tal forma que el "sector agrario no tenga que estar pendiente de decisiones políticas", informa Efe.

Según explicó el presidente extremeño, a través de una de las líneas de ayuda se bonificarán los intereses de los préstamos de mediación del ICO en circunstancias especialmente graves, y en estos casos la cuantía de las ayudas oscilará entre los 0,75 y dos puntos porcentuales.

Asimismo, la Junta subvencionará el 50% del coste de la comisión de estudio de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, mientras que el Ministerio de Agricultura subvencionará el 50% restante.

La tercera línea, sólo para ganaderos, establece la financiación de un 25% de la amortización de estos préstamos en los dos primeros años por parte de la Junta y un 25% por parte del ministerio, mientras que en el tercer año subvencionarán el mismo porcentaje pero sólo a beneficiarios que tengan seguro agrario y sean agricultores a título principal.

Los beneficiarios de estas ayudas, que según Ibarra podrían ascender a 7.500 euros por explotación, serán los titulares de explotaciones de ganado bovino, ovino, caprino y equino en régimen extensivo o de explotaciones avícolas, así como los de explotaciones agrícolas de secano o de regadío.

Mientras, la organización agraria UPA-UCE acogió con satisfacción que este decreto recoja varias de las reivindicaciones que había realizado.