El sistema de préstamo de libros de texto y gratuidad para alumnos con menores recursos utilizado por la Junta de Extremadura es legal. Lo resuelve así la Administración de Justicia, en contra de lo estimado por la Asociación Nacional de Editores de Libro y Material de Enseñanza (ANELE), que recurrió a la vía judicial para impugnar dicho sistema.

Dos son las disposiciones aprobadas el año pasado por la Administración extremeña para regular los préstamos de libros de texto: la Orden de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, de 16-5-2008, "para el libramiento de fondos para la dotación de libros de textos y material a centros públicos que impartan enseñanzas de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Especial en la Comunidad Autónoma de Extremadura", y el Decreto 92/2008 de 9 mayo "por el que se establecen medidas de apoyo socioeducativo a las familias extremeñas" incluidas en la Orden.

La asociación de editores consideró que ambas eran "ilegales", en cuanto al sistema de préstamos de libros que realizan, y presentó un recurso ante la Justicia para "impugnar el sistema elegido por la Administración extremeña para la gratuidad de los libros", recurso que ha sido ahora resuelto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

La Sala del alto tribunal extremeño, tras estudiar los argumentos de la Asociación recurrente, así como los expuestos por la Junta de Extremadura en contra de los mismos, ha dictado su sentencia. Desestima el recurso interpuesto por la asociación contra la Orden de la Consejería de Educación y el Decreto de la Junta, y ratifica ambas disposiciones "por ser conformes a Derecho", sentencia la Sala.

Según se recoge en su sentencia, la Sala del TSJEx determina que con el sistema establecido por la Junta de Extremadura "ahora existe una medida económica favorecedora de la enseñanza que antes no existía", una media que "mejora la situación económica y educativa de los niños, respecto de la situación precedente". Ideológicamente, añade, "podrán existir otras medidas de fomento que a juicio de la recurrente favorezcan mejor los fines o sean más eficientes, pero tal parámetro no es adecuado para determinar la ilegalidad ni de la Orden ni del Decreto impugnado".

ARGUMENTOS En síntesis, la legislación regional contempla que la Administración adquiere en propiedad los libros de texto; fija el importe máximo de adquisición para cada lote por alumno en 120 euros --este curso se ha ampliado a 150 euros para los alumnos de Secundaria, manteniendo los 120 euros en el caso de Primaria--; y los cede en préstamo a alumnos de familias numerosas o que no hayan superado determinados umbrales de renta, que después los devuelven para su reutilización.

En opinión de la asociación de editores, el sistema de préstamo gratuito establecido en Extremadura "vulnera" el principio o derecho de los alumnos a una educación de calidad sin posibilidad de discriminación "en tanto que el sistema de préstamo se apoya en libros despersonalizados y deteriorados". Considera también que al fijarse un precio máximo por lote "ataca la libre competencia", y supone "una vulneración" del principio de unidad y libre mercado, pues "este sistema se convierte en un monopolio en el que la Administración es prácticamente la única que compra libros".

La Administración regional, por su parte, alega que el interés que el sistema persigue de favorecer a las familias de menores recursos "es preferente" al "exclusivo interés mercantil" que, opina, tiene la asociación recurrente. No considera que sea la única compradora de libros, pues "el sistema de préstamos está en función de las circunstancia socioeconómicas de los alumnos que se matriculen en los centros de enseñanza de los niveles obligatorios, de ahí que no se abarque ni a todos los centros ni a todos los alumnos"; ni que la fijación de un máximo anual por alumno "determine, en absoluto, el precio de los libros".

Ante todo ello, la Sala del TSJEx determina que el sistema establecido por la Junta de Extremadura --además de ser, como se ha dicho, una medida económica favorecedora de la enseñanza que antes no existía-- "favorece la calidad de la enseñanza y actúa en contra de la discriminación" al posibilitar a los niños y sus familias "una herramienta más que les permita el uso de libros de texto". Y asimismo, que el monopolio absorbente de la Administración que alega la asociación de editores "no es real".