La elaboración de un nuevo marco salarial es uno de los principales caballos de batalla entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones judiciales. Y ahora, en época de crisis y con recortes en buena parte de los ministerios, el Ejecutivo no puede atender de inmediato las demandas de los magistrados.

El modelo salarial vigente debió actualizarse hace un año, pero entonces las partes no llegaron a un acuerdo tras rechazar los jueces las subidas que proponía el Ministerio. Las diferencias son sustanciales tanto en el pago de las guardias y las sustituciones como en los complementos salariales.

Los colectivos de jueces piden que el aumento en las guardias sea superior al 20% planteado por el Ministerio y solicitan eliminar las retribuciones variables referidas a la productividad. Estos complementos, regulados por el CGPJ, se miden por objetivos y resultados (si un juzgado alcanzaba un rendimiento individual notable, se producirían incrementos salariales de hasta el 10%; en caso contrario, los ingresos fijos disminuirían un 5%).

Un 40% de los casi 4.500 miembros de la carrera judicial cobran este suplemento. Esto es, al sueldo fijo de los jueces (de entre 3.000 y 6.000 euros mensuales), se le sumarían entre 300 y 600 euros, dependiendo del rendimiento de su juzgado.

Pese a la cuantía, el reglamento aprobado por el CGPJ no colmó las expectativas de los togados y fue anulado por el Supremo tras admitir los recursos de dos asociaciones.

El fallo del Supremo dejó el modelo retributivo en una situación de interinidad, hasta el punto de que se paralizó el cobro de los suplementos correspondientes a los ejercicios de 2008 y primer semestre de 2009. Esta indefinición ha generado resquemor entre los jueces.

Todas las asociaciones coinciden en reivindicar un programa salarial que priorice la carga de trabajo de cada órgano jurisdiccional y elimine la vinculación a la productividad. Pero el Ministerio no lo acepta y es partidario de un sistema mixto.

Entre tanto, el departamento que dirige Caamaño no se detiene y busca salidas para otros asuntos discrepantes. Está negociando el aumento de la remuneración de las guardias, pretende revisar las condiciones salariales de los jueces de lo mercantil, los más abrumados por la crisis, y busca mejorar el pago de las sustituciones. Pero muchos jueces no están dispuestos a seguir esperando que el Gobierno atienda sus demandas y avisan con esta huelga de que no están dispuestos a ceder.