Los ayuntamientos, y especialmente los más pequeños, tendrán muy complicado llevar a cabo inspecciones y aplicar las sanciones previstas en la ley antitabaco. Así se desprende de la ronda de consultas realizada ayer por EL PERIODICO EXTREMADURA entre cinco alcaldes y un concejal.

Sin duda el más rotundo fue el alcalde de la Zarza, Antonio Guerrero, para quien el decreto de la Junta que establece las competencias de los ayuntamientos tienen una única consecuencia: "La ley queda de hecho derogada". Y es que Guerrero explica que su municipio tiene 4 policías locales que dedican la mayor parte de su tiempo a la entrada y salida de los colegios, la vigilancia del mercado y el tráfico. "Ya no podemos hacer más", asegura al tiempo que se pregunta "si esta nueva competencia va acompañada de financiación".

También se mostró molesto el alcalde de Navalmoral de la Mata, Rafael Mateos, para quien "estas medidas no se pueden hacer por imposición, aunque es algo muy propio de la Junta". Para Mateos lo cierto es que los ayuntamientos extremeños tendrían que tener más competencias, pero no de este tipo, sino otras más efectivas como, por ejemplo, las licencias de apertura de actividades clasificadas."Ya está bien de que nos sigan cargando cosas sin darnos medios ni financiación" , apostilló.

Posible pero difícil

Maximina Delgado, alcaldesa de Fuente de Cantos, tiene claro que "aplicar esta ley sería complicado si no aumentamos los medios". Delgado critica que no se haya informado previamente a los municipios a través de las diputaciones o de la Junta. Al igual que el edil de La Zarza, esta alcaldesa de un partido independiente recalca que la policía local ya tiene suficiente trabajo.

El alcalde de Arroyo de la Luz, el socialista Santos Jorna, no es tan drástico. Según dice, el consistorio hará "todo lo posible" para poder desarrollar sus nuevas competencias. Aún así, asume que esta tarea "puede ser difícil", especialmente para los ayuntamientos más pequeños de la comunidad.

En la misma línea se pronuncia Juan Alcázar, alcalde de Montánchez, que reconoce que "la escasez de medios es un inconveniente" a la hora de asumir estas tareas de control, inspección y sanción. En el extremo contrario está el hecho de que, a su juicio, "en los pueblos también es más fácil saber si un bar cumple o no con la normativa antitabaco".

Más implicación

El último en pronunciarse fue Alfredo de la Rubia, concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Mérida. El edil recuerda que las leyes ya obligaban a los consistorios a controlar la venta de tabaco, aunque ahora "habrá que analizar en Junta de Gobierno como se aplica el decreto".

Tiene claro que la norma presenta "flecos complicados", aunque "como concejal de Sanidad" sí dejó clara su postura: "veo bien que los ayuntamientos se impliquen, aunque ahora hay que ver cómo se aplican estas medidas".