Las pequeñas y medianas empresas suponen otro de los focos más importantes de fraude fiscal en Extremadura. El 95% de las sociedades que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros, un total de 900 firmas, no tienen obligación de ser auditadas porque no cumplen los requisitos necesarios para ello. El secretario general de la Confederación Empresarial de Extremadura, Juan Manuel Arribas, no niega que exista actividad económica sumergida entre las pymes de la comunidad autónoma, pero rechaza que éste sea un "foco de fraude" como establece el informe del Ministerio de Hacienda, al tiempo que defiende que esta no es la práctica habitual entre los empresarios de la región. En todo caso, subraya que la patronal es "la principal interesada" en que este tipo de prácticas desaparezcan de la actividad económica, y que por ello ya se ha elevado a sindicatos y Administración regional una propuesta para realizar un estudio riguroso "que aporte luz y taquígrafo a la economía sumergida en Extremadura".