La denominada ley antitabaco permitirá dentro de diez años un ahorro al sistema sanitario extremeño superior a los 21 millones de euros anuales, gracias a la previsible caída del número de fumadores. En la actualidad, cada fumador le cuesta a las arcas sanitarias una media de 330 euros anuales como consecuencia de las enfermedades que provoca el tabaco (cáncer, asma, accidentes cerebrovasculares...). Teniendo en cuenta que en Extremadura existen 276.000 consumidores, el coste total por año ronda los 91 millones de euros.

Las cifras que maneja el Sistema Extremeño de Salud (SES) prevén que, como ha ocurrido en otros países, el índice de fumadores en la región descienda entre un 6 y un 8% en la próxima década si continúa vigente la Ley de Prevención del Tabaquismo en sus actuales términos, según avanzó ayer el secretario técnico de Drogas del SES, Juan Carlos Martín Araújo.

Esto supondrá que la población fumadora de la región descenderá en diez años en torno a unas 65.000 personas, gracias tanto a los que lograrán dejar el hábito definitivamente como a una reducción de la tasa de tabaquismo entre la población joven, lo que significará una reducción en el gasto sanitario de 21 millones de euros.

Martín Araújo explicó que ya se están dejando notar los primeros efectos de la ley antitabaco, y no sólo por el cumplimiento estricto de la norma.

RESPUESTA CIUDADANA En este sentido, el responsable de la política de la Junta en materia de drogodependencias señaló que aunque la prevalencia del tabaco en la región está en el 30%, en estos momentos cerca del 80% de los fumadores extremeños tienen la intención de dejar de fumar. Sin embargo, reconoció que para lograrlo no basta con tener esta voluntad, sino que depende del nivel de adicción que tenga cada persona.

Martín Araújo destacó que en los cinco meses que lleva la ley antitabaco en vigor la Administración ha registrado 17 denuncias, cuya resolución está pendiente y que se deben, en su inmensa mayoría, a la falta de carteles informativos o de espacios libres de humo en restaurantes y bares. Se trata, dijo, de una cifra "proporcional a las realizadas en el resto de regiones del país".

"Al principio, el trabajo fue de información, porque había muchas dudas entre los hosteleros, y ahora ha comenzado la fase de contemplar el cumplimiento de la Ley", Martín Araújo.

Por otra parte, destacó que en estos cinco meses se ha constatado el "esfuerzo" que han realizado los fumadores de la región por adaptarse a la norma, especialmente en su vertiente más compleja: la que prohíbe el consumo de tabaco en los centros de trabajo. También se ha dejado notar la aplicación de las trabas para que los menores compren cigarrillos.

Pero la puesta en marcha de la normativa estatal, que aún está pendiente de su desarrollo reglamentario en la comunidad extremeña, también presenta puntos negros . El déficit más importante es, sin duda, el que se refiere a la posible creación de los espacios libres de humo .

En estos momentos, según Martín Araújo, sólo el 5% de los bares y restaurantes de la comunidad autónoma prohiben el consumo de tabaco en su interior, mientras que en torno al 95% restante permiten fumar tal y como ocurría antes de la entrada en vigor de esta norma el pasado 1 de enero.

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