Tres meses. Ese es el plazo en el que empezará a aplicarse la ley de dependencia, una vez que se regulen aspectos como los criterios de baremación y la cartera de servicios comunes en toda España. Así lo anunció ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, quien recordó que en este primer año solo se garantizará la atención al colectivo de grandes dependientes, con lo que las prestaciones llegarán a unos 6.700 extremeños y a unas 200.000 personas en el conjunto del país.

El ministro presentó los plazos de desarrollo de esta nueva normativa, que entró en vigor ayer. El objetivo del Gobierno, señaló Caldera, es acortar los plazos previstos en la propia ley. Así, la semana que viene el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales celebrará una cumbre con las comunidades en la que convocará para el próximo 22 de enero la primera reunión del Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.

TRES REGLAMENTOS Ese primer paso será clave , puesto que este órgano rector será el encargado de aprobar --antes de que finalice el mes de marzo-- las tres piezas básicas para la aplicación efectiva de la ley a través de sus reglamentos. El primero de estos determinará los criterios objetivos de evaluación, es decir, el baremo por el que se valorará la capacidad de una persona para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria. Además, en este apartado se incluirá un protocolo con los procedimientos a seguir en este ámbito, puesto que serán las comunidades autónomas las que desarrollen y apliquen estos baremos a partir del 1 de abril.

El segundo reglamento regulará las prestaciones por dependencia. En este caso será necesario el acuerdo previo con los Ejecutivos regionales --que deben asumir una parte de estas ayudas-- para definir la intensidad de las protección de los servicios, los requisitos y condiciones de acceso a las prestaciones económicas, la capacidad económica del solicitante y su participación en el coste de los servicios, así como la protección mínima garantizada por la administración general del Estado.

Finalmente, el Consejo deberá dar luz verde al reglamento por el cual se incorporan a la Seguridad Social los cuidadores no profesionales cuando se presta el servicio en el entorno familiar. Aunque también requerirá el consenso autonómico, Caldera adelantó que esta incorporación será probablemente al Régimen General y no al de autónomos, lo que significa que el cuidador no tendría que hacer frente al pago de las cuotas.

"Todo está, por tanto, listo para que dé comienzo una nueva época, en la cual las personas con dependencia y sus familias puedan disfrutar del derecho a ser atendidos y recibir cuidados de las administraciones públicas", afirmó Caldera.

Sin embargo, los plazos avanzados ayer por Caldera no han convencido al Partido Popular, cuya secretaria de Política Social y Bienestar, Ana Pastor, acusó al Gobierno de "incumplir sus compromisos" y no hacer "los deberes" para poner en marcha la ley de dependencia. Y es que, a su juicio, desde que el 30 de noviembre se aprobó esta norma se debía haber avanzado más, puesto que, en la práctica, aún no se puede aplicar. "A día de hoy las personas dependientes tienen la misma atención que venían teniendo por parte de las comunidades", añadió Pastor.

Por otra parte, la secretaria de Política Social y Bienestar del PP consideró "insuficiente" la financiación prevista por el Gobierno para la ley de dependencia.

Mientras, el portavoz de Trabajo y Asuntos Sociales de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, expresó su temor a que el desarrollo reglamentario de la ley de dependencia invada competencias de la Generalitat catalana, al tiempo que lamentó que el 2007 vaya a ser un "año perdido" para los dependientes.