El proyecto de ley de dependencia, aprobado ayer en el Congreso, configurará un sistema público de atención a los españoles sin autonomía personal, entre ellos más de un millón de mayores o discapacitados en situación difícil, de los cuales casi 600.000 serán atendidos entre los años 2007 y 2009. El próximo año, el nuevo sistema asistirá a 200.000 ciudadanos en situación de dependencia grave y en los dos años siguientes a 373.000 dependientes severos.
El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley por una amplia mayoría, con el rechazo de PNV, CiU, EA y Nafarroa Bai, fundamentalmente por motivos de índole competencial, aunque el PP se abstuvo en varios artículos por haberse eliminado el término nación y nacional del texto inicial. Así, la aprobación se acordó por 295 votos a favor, 15 en contra y una abstención. La iniciativa del Gobierno, considerada la ley más importante de esta legislatura, será remitida ahora para su debate y aprobación en el Senado, informa Efe.
El sistema tendrá una gestión descentralizada, se implantará entre el 2007 y el 2015, y su financiación recaerá en las comunidades autónomas, Administración central y usuarios. Un baremo determinará el tipo de prestación a la que tiene derecho cada persona --en función de su nivel de dependencia--, y habrá un catálogo nacional de prestaciones mínimas.
LOS SERVICIOS El catálogo incluirá servicios de ayuda a domicilio, centros de día, servicios de autonomía personal, atención residencial, ayudas técnicas y ayudas para adaptación y accesibilidad del hogar. Estas prestaciones podrán ser ampliadas por las comunidades autónomas.
La ley establece tres grados de dependencia: grado 1 (moderada) cuando la persona necesita ayuda para hacer actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día; grado 2 (severa) cuando necesita ayuda dos o tres veces al día, pero no requiere presencia permanente de un cuidador; y grado 3 (gran dependencia) cuando por su total pérdida de autonomía física o mental necesita la presencia indispensable y continua de otra persona. Además, en cada uno de esos grados se distinguirán dos niveles en función de la autonomía de las personas y de la intensidad del cuidado.
El objetivo de la ley es que las personas permanezcan en su entorno el mayor tiempo posible, con prestaciones como la ayuda a domicilio o los centros de día; aunque también habrá plazas de residencia de carácter permanente para discapacitados físicos y psíquicos. También contempla las ayudas a los cuidadores familiares (no profesionalizados), que podrán percibir una prestación económica y tendrán que darse de alta en la Seguridad Social. Otra posibilidad será la suscripción de un seguro privado, lo que reportará beneficios fiscales.
Además, la ley contempla la concertación de servicios entre el sector público y las empresas privadas, aunque las administraciones públicas serán las encargadas de la gestión y de garantizar la calidad y el control de los recursos públicos.
Los dependientes graves, unas 200.000 personas que necesitan atención permanente, serán los primeros en beneficiarse de la nueva ley, en el 2007; en el 2008 se empezará a atender a las personas con dependencia severa (grado 2 nivel 1), unas 160.000; y en el año 2009 a 213.000 dependientes del grado 2 nivel dos. A partir de ahí y de forma paulatina se atenderá al resto de los españoles afectados.
En cuanto a las cifras económicas, el Estado aportará más de 12.638 millones de euros desde el 2007 hasta el 2015 para desplegar totalmente el Sistema de Dependencia y las comunidades autónomas invertirán la misma cantidad. La financiación correrá a cargo del Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y el propio beneficiario en función de su patrimonio y renta.
