El principal objetivo de la Ley de Dependencia es prestar atención pública al millón de personas que no se valen por sí mismas en España, la mayoría de edad superior a los 65 años. Para ello, se requiere una inversión que las administraciones calculan que rondará los 25.000 millones de euros, una elevada cifra que precisa, según los sectores implicados, una adecuada organización que no genere futuros problemas económicos.
Todo esto no es fácil. Expertos del mundo social, político, médico y jurídico, que desde ayer se reúnen en Granada para debatir sobre la nueva Ley de Dependencia, han advertido de la "casi quiebra" económica que supuso para Alemania la puesta en marcha del denominado seguro de cuidados , un programa similar a la normativa española. Por ello, han insistido en la necesidad de "trabajar" para que no ocurra lo mismo en España.
Desde la Fundación Aequitas, una de las que participan en este debate, aseguran que "no es que no podamos poner en práctica la ley" pero es necesario "organizarse", teniendo en cuenta lo ocurrido en el país alemán pese a "su capacidad económica". Además, los expertos insisten en las dificultades que pueden plantearse a la hora de poner en marcha la ley de forma integral.
El estudio de la Fundación BBVA sobre longevidad y dependencia en España, presentado la pasada semana, indica que el coste medio por persona que necesita cuidados de larga duración es de 10.495 euros.
Si la dependencia es total y el afectado necesita una residencia, la cifra asciende a 12.870 euros anuales, y se reduce a 8.554 si la dependencia es severa y precisa de un centro de día y una hora al día de atención domiciliaria. En cuanto a la dependencia moderada, el estudio de la fundación calcula en 9.132 euros al año una media de tres horas diarias de cuidados a domicilio.
Por su parte, desde Extremadura parecen tener claro que todas estas situaciones están bajo control. La Junta de Extremadura asegura que la región se encuentra en una buena situación de partida en la implantación del sistema, fruto de la cobertura de Servicios Sociales y de la puesta en marcha de nuevas acciones y dispositivos en los últimos años.
En cuanto a las cifras económicas que se manejan en la región, el presupuesto destinado a dependencia en el 2006 fue de 71 millones de euros. Además, la Administración central financió proyectos por valor de 6,6 millones de euros, una cantidad que en el 2007 será de 13,5 millones.
Para el futuro, las primeras estimaciones realizadas por los técnicos de la Consejería de Bienestar Social indican que durante la próxima década comunidad y Estado invertirán en la región 830 millones de euros en programas de atención a la dependencia recogidos en la ley. A esta cantidad hay que sumar proyectos ya en marcha pero que no están previstos en la norma, con lo que en el conjunto de esos 10 años la inversión pública alcanzará los 1.000 millones de euros.
Una vez que la ley se haya desarrollado totalmente, en el 2015, el coste del mantenimiento de los servicios para dependientes ascenderá en Extremadura a 355 millones de euros anuales, con un gasto medio de 568 euros mensuales por dependiente.
