Una ley de carácter autonómico impide al Ministerio de Defensa la venta de sus inmuebles en la comunidad extremeña. El Gobierno ya anunció en el ejercicio presupuestario del 2001 su intención de deshacerse de parte de su patrimonio para sufragar, en parte, el coste de la profesionalización de las fuerzas armadas, así como para la financiación de la compra de armamento. La Ley del Suelo y de Ordenación Territorial de Extremadura no permite operaciones financieras de este tipo con terreno que haya sido de titularidad pública.

El artículo 80.4 de este texto normativo recoge: "Los planes de ordenación urbanística calificarán como suelo dotacional las parcelas cuyo destino efectivo precedente haya sido de uso docente o sanitario, elementos fundamentales de las redes de infraestructura general, e instalaciones adscritas a la Defensa Nacional, salvo que, previo informe de la consejería o Administración Pública se justifique la innecesariedad del destino del suelo a tal fin, en cuyo caso se destinará éste a usos públicos o, excepcionalmente, a viviendas que sean de promoción pública".

La ley parece clara en ese sentido y ´maniata´ las intenciones ministeriales que Defensa sí ha programado en otras comunidades autónomas.

Según señaló el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, en el Senado, su departamento ha suscrito desde 1996 un total de 119 convenios con las comunidades autónomas para subastar solares con el objeto de financiar la adquisición de armamento. En este sentido, explicó que la cantidad obtenida desde 1998 es de 600 millones de euros, lo que supone menos del tres por ciento del coste total de los programas que su ministerio ha iniciado o tiene previsto comenzar en breve.

"Con la totalidad de lo obtenido por vía enajenación de suelo para promover viviendas de protección oficial, no se hubiera pagado ni uno sólo de los cuatro grandes programas principales de Defensa o los restantes --apuntó el titular español de la cartera de Defensa--. Es más, no se habría conseguir financiar ni el 15 por ciento de éstos".

CRITICAS Y BALANCES

Esta medida del Gobierno ha recibido numerosas críticas de los partidos de la oposición. Por ello, Izquierda Unida ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que se insta al Gobierno de José María Aznar a "evitar la especulación inmobiliaria" mediante la venta de terrenos del Ministerio de Defensa. A su juicio, este suelo público debería dedicarse a la construcción de viviendas públicas y equipamientos sociales.

En ese sentido, la consejera de Fomento de la Junta de Extremadura, María Antonia Trujillo, recordó ayer en Madrid que Extremadura dispone en la actualidad de la Ley del Suelo de Ordenación Territorial que impide "lisa y llanamente" la especulación de suelo público, y donde no cabe la subasta, sino tan solo el concurso y siempre que esté licitado con precio máximo, informa Efe.

El primer plan de desafectación concebido por el Ministerio de Defensa en Extremadura contemplaba la venta de los terrenos situados frente al Cimov en Cáceres, el Prado de las Mulas y la colonia militar La Inmaculada en Plasencia, el acuartelamiento Sancha Brava de Badajoz y el cuartel Hernán Cortés de Mérida, según los datos que facilitó el Gobierno durante el año 2001.

Desde que en el año 1994 el ministerio creara la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa, tanto sus funciones como sus ingresos han ido creciendo cada año, hasta el punto que Defensa programa anualmente unos ingresos de en torno a 120 millones de euros por la venta del patrimonio militar.

En el último inventario de bienes que el ministerio ha sacado a la venta no se encontraba ninguna de las instalaciones mencionadas aunque sí había programado la venta de parte de su patrimonio en otras regiones españolas, caso de Andalucía, Madrid o Castilla y León.