«Los apoyos tienen que ir mejor dirigidos a los agricultores que viven del campo»

—¿En qué medida es este un momento crucial para el campo extremeño?

—La Política Agraria Comunitaria es fundamental para el campo extremeño y, me atrevería a decir, para Extremadura, por la importancia que tiene para el sector agrario. Ahora mismo es un momento importante porque la Comisión ha presentado una propuesta que creemos que puede mejorarse y ese es el objetivo con el que estamos trabajando.

—¿La región presentará una propuesta consensuada de reforma?

—En eso estamos trabajando y creo que la próxima semana tendremos una postura común de todo el sector agrario y de las cooperativas. Es un documento que vamos a presentar al ministerio y que expresa todas las mejoras que planteamos a la propuesta de la Comisión.

—¿Se sumarán también a él el resto de grupos parlamentarios?

—Con el resto de grupos parlamentarios todavía no hemos empezado a hablar pero lo haremos. La próxima semana hay una reunión en el Ministerio de Agricultura y lo que había que hacer primero era consensuar una postura con el sector agrario, pero por supuesto que hablaremos con los demás partidos políticos. Si ellos se suman a este documento, pues muchísimo mejor.

—¿Cuáles son los principales ejes de esta propuesta?

—En primer lugar, que tiene que mantenerse, al menos, la financiación que había para este periodo porque la propuesta de la Comisión establece un recorte del 5% en pagos directos e incluso un ajuste mayor en desarrollo rural. Además, tenemos que avanzar para que los apoyos vayan mejor dirigidos a los agricultores que viven del campo. Ya se hizo un trabajo en la reforma anterior con la figura del agricultor activo, pero tiene disfuncionalidades. Es algo que hay que mejorar. También planteamos que exista una mayor flexibilidad para otorgar las ayudas a sectores, es decir, dentro de las ayudas que se pueden recibir las hay desacopladas, que da igual lo que el agricultor siembre, y otras por producir. Creemos que hay que dar flexibilidad para que los Estados miembros puedan elegir conceder un mayor número de ayudas asociadas.

—¿Eso supone aumentar el poder de decisión de los Estados?

—Sí, en el sentido de dar ayudas a sectores específicos que están en riesgo de abandono o que tienen dificultades especiales.

—Entre los planteamientos que se han puesto encima de la mesa está también el de poner un tope a la cuantía de las ayudas que se pueden recibir por explotación. En la región, menos de un 1% de los perceptores recibe un 13% de las subvenciones y un 3,4% casi un tercio del total. ¿Cree necesario introducir límites?

--La Comisión tiene una propuesta en este sentido. Creemos que sí hay que poner un tope pero sin que eso perjudique al empleo. Sin que aquellas explotaciones que tengan empleados se vean perjudicadas. Habría que excluirlas de alguna manera de la limitación. Es muy importante no destruir empleo.

—¿Es normal que la campaña pasada más de 50 millones de euros de la PAC de la región fuesen a parar a perceptores con residencia fuera de Extremadura?

—Siempre ha sucedido. Incluso en años anteriores el porcentaje ha sido mayor. Lo que hay que dejar claro es que las explotaciones las tienen aquí, aunque ellos vivan en Sevilla o Madrid, o están a caballo entre Extremadura y Castilla y León o Castilla-La Mancha.

—¿Y qué puede hacer la PAC para facilitar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria?

—Hay un pago complementario a los jóvenes agricultores que ya está contemplado en el borrador de la propuesta de la comisión que lo que intentamos es que se suba de cuantía para facilitarles de alguna forma el acceso. Además de esta ayuda, que es directa y que es como un complemento del pago básico, hay otras ayudas a la creación de explotaciones agrarias cuyo titular sea joven. Ahí hay unas cantidades importantes, sacamos en torno a 20 o 30 millones de euros al año, y nosotros creemos que es una línea prioritaria que debemos mantener o ampliar.

—¿Y para facilitar la presencia de mujeres en la actividad agraria?

—Dentro de la PAC hay algunos elementos que estamos viendo que pueden llevar a una mayor incorporación de las mujeres, pero eso es algo que tendremos que desarrollar. En Extremadura ya hemos puesto en marcha la titularidad compartida, que está dando cierto resultado.

—¿Se recoge también en la propuesta extremeña la protección de la dehesa?

—Lo que en ella decimos es que la dehesa y los ecosistemas como la dehesa tienen que tener un tratamiento diferenciado y un apoyo especial. Parte de los problemas que han existido creo que los hemos atajado. Hemos hecho una nueva definición, que costó muchísimo, de los pastos permanentes para que se incorporara a ella a los pastos de nuestra dehesa. Eso está ya conseguido, con lo cual las correcciones financieras podrían venir por otros caminos, pero por ese no. Luego, en aquellas explotaciones en las que había quedado poco espacio por la aplicación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastoreo (CAP), estamos viendo cómo incrementar esa superficie.

—Echando la vista atrás, ¿qué ha supuesto la PAC para el campo extremeño?

—Ha sido fundamental. En principio, entre el 40% y el 50% de la renta agraria es por las ayudas. Sin ella no tendríamos ni la mitad de las explotaciones que tenemos ahora, porque a los agricultores no se les paga un precio adecuado en muchos sectores como para que puedan pervivir. Y luego, desde el punto de vista del desarrollo rural se han hecho muchas cosas importantes: se han creado los grupos de acción local, se han mejorado las infraestructuras de los pueblos, se han realizado acciones contra el abandono en el medio rural. Sin la PAC, el despoblamiento en el ámbito rural hubiera sido mucho mayor, sin duda.