Los ayuntamientos no levantan cabeza. Tras quedarse más de 60 municipios sin celadores en los centros de salud por los recortes, los impagos de la Junta de Extremadura amenazan ahora a la red de centros de día. Más de 200 localidades llevan desde el mes de enero asumiendo los costes del servicio pendientes de que la Consejería de Salud y Política Social publique la orden de subvención anual y advierten de que ya no pueden soportar más. Vivares, San Pedro de Mérida y Ruecas cerrarán sus instalaciones el 30 de junio si no reciben ya un anticipo de la ayuda, de unos 50.000 euros anuales de media. Los ediles de las tres localidades se manifestaron ayer en Mérida junto a medio centenar de usuarios y vecinos y afirman que si en 15 días no reciben un anticipo, se verán obligados a cerrar sus instalaciones hasta que el dinero llegue. La Junta lanza un mensaje de tranquilidad y asegura que abonará las cantidades una vez que se publiquen los Presupuestos del Estado.
"Nos están tomando el pelo, ya no podemos soportar más los gastos", dice el alcalde de Ruecas, Antonio Aguilera. Explica que en esta localidad el centro de día da servicio a 15 personas que "tendrán que irse a su casa junto a las tres trabajadoras". Aguilera, acompañado de los ediles de San Pedro de Mérida, Andrés Pérez, y Vivares, Sergio Diestro, trataron de reunirse ayer tras la protesta con el consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, pero no fueron recibidos según la Junta, porque el pasado lunes ya se reunieron con la directora del Sepad, Cristina Herrera. La Administración recuerda que las subvenciones con las que se sufragan los gastos de los centros de día provienen del Gobierno central y hasta que los Presupuestos no estén publicados, el dinero no se hará efectivo. Será previsiblemente a finales de julio o principios de agosto.
Al no ser recibidos, los ediles registraron un escrito remitido a Carrón en el que le explican que la mayoría de los afectados son pequeños municipios que "no pueden sufragar los gastos y las empresas que los gestionan tampoco porque los bancos no dan crédito". Los manifestantes han organizado una sonora pitada a las puertas de la consejería que han acompañado con reclamos como "no es capricho, es una necesidad" o "nuestros mayores, ¿ahora dónde irán?". Por su parte, Diestro destaca que "los usuarios tendrían que volver a sus casas y sus hijos hacerse cargo de ellos, lo que repercutirá y cambiará el día a día de las familias y los propios ancianos, que están preocupados porque ahora tienen una asistencia, tienen cubiertas sus necesidades de comidas y cenas". En el caso de San Pedro de Mérida, Pérez asegura que el ayuntamiento "está acumulando un déficit tremendo" porque el servicio no está externalizado como en otros casos.
El vicepresidente y líder socialista en el seno de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Ramón Díaz Farias, calcula que más de 200 municipios extremeños están en la misma situación quelos tres anteriores. Díaz explica que el mantenimiento de los centros de día es un servicio que sufragan la Administración regional, los ayuntamientos y los propios usuarios, que pagan el 15%. El ejecutivo hace su aportación a través de una orden de subvenciones que en otras legislaturas se hacía pública en enero. La previsión que baraja ahora, que asegura que se pagará en las mismas cuantías que el año anterior, es que llegue "a finales de julio o principios de agosto".
Pero Díaz explica que los ayuntamientos no reclaman el dinero, sino que Herrera "gestione" y publique la resolución para que los consistorios puedan pedir un adelanto a los bancos sin que el crédito compute como deuda y disponer de liquidez. "Si no hay resolución, la subvención no se puede adelantar". asegura. Según Díaz, si la orden no sale hasta el mes de agosto, los trámites burocráticos no permitirán que la ayuda, de entre 2.500 y 6.000 euros por usuario, llegue a la cuenta de los consistorios. Si efectivamente la subvención no se entrega hasta 2013, la maniobra contribuirá a cumplir con el objetivo de contención de déficit a final de año. Díaz, que también es alcalde de Villanueva del Fresno, explica que en su caso, la deuda acumulada por el impago es de 31.000 euros en el centro de día (con 25 usuarios) y de 20.000 euros en el piso tutelado, del que se benefician 20 ancianos.
