Febrero de 1983. Extremadura se incorporaba a la España de las autonomías, pero también a la del cambio augurado por el socialismo de Felipe González tras su llegada al poder en 1982. Dos años después de que un grupo de militares golpistas hicieran temblar la incipiente democracia española, el Congreso de los Diputados daba luz verde al Estatuto de Autonomía para Extremadura.
El 22 de febrero de 1983, la Cámara Baja aprobaba la declaración de Extremadura como región autónoma. Tras las enmiendas introducidas durante su debate en el Senado --en cuestiones de forma--, el Congreso de los Diputados daba el visto bueno a la comunidad extremeña "como expresión de su identidad regional histórica, dentro de la indisoluble unidad de la nación española". Sólo el Grupo Popular se abstuvo en la aprobación del documento como norma institucional básica para todos los extremeños. Ese mismo día, Madrid, Baleares y Castilla y León pasaban a formar parte del Estado de la autonomías.
Pero la nueva etapa de autogobierno regional había nacido desde la falta de consenso en Extremadura. En Cáceres, el Estatuto de Autonomía aprobado por el PSOE era considerado como una imposición discriminatoria para la provincia. El texto contemplaba una representatividad en la Asamblea de Extremadura de 35 parlamentarios por la provincia de Badajoz y sólo 30 representantes por la de Cáceres.
En diciembre de 1982, Juan Carlos Rodríguez Ibarra había resultado elegido presidente de la Junta Regional con el respaldo de dos miembros de la Unión de Centro Democrático (UCD), lo que demostraba la guerra de guerrillas en que se había convertido el partido nacido bajo la figura de Adolfo Suárez.
La primera gran medida adoptada por los socialistas extremeñas fue la elaboración de la Ley del Estatuto de Autonomía, la norma marco sobre la que articular la Extremadura de futuro. Sin embargo, la crisis en el centrismo extremeño pudo llegar a poner en peligro el pro- ceso autonómi-co extremeño.
Las figuras destaca-das la preautonomía habían iniciado un trasvase de partidos que, a nivel provincial, confluyó en la creación de un Bloque Cacereño Antiesta- tuto que integra- ban miembros de UCD --liderado por Juan Bazaga, a quien Ibarra desbancó de la presidencia regional--, CDS, AP --partido al que había llegado Luis Ramallo tras sus desavenencias con la UCD--, PDP y Extremadura Unida --donde se había integrado Sánchez de León, exministro de Suárez, tras la ruptura entre UCD y CDS--.
La directriz del bloque cacereño era claro. Oposición frontal a la propuesta dictada desde Mérida por considerar que en su articulado no se recogía el principio de igualdad representativa para las dos provincias, lo que calificaron como "injusto, discriminatorio y anticonstitucional".
Más de 150 ayuntamientos de la provincia se sumaron a una iniciativa que estaban dispuestos a avalar las autoridades cacereñas con recursos, dimisiones, resistencia pasiva e incluso a acabar en la cárcel. Más de 10.000 personas se concentraron en Cáceres para exigir la igualdad de derechos entre las dos provincias. Una manifestción que fue seguida de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, justo un día antes de la aprobación definitiva del Estatuto de Autonomía de Extremadura por parte del Congreso de los Diputados.
La tramitación parlamentaria sólo sirvió para que el bloque cacereñista se reafirmara en sus planteamientos de cara a los comicios autonómicos de ese mismo año. Los extremeños dieron su opinión en las urnas sobre la guerra del estatuto y sentenciaron con la primera mayoría absoluta de Rodríguez Ibarra. Un 53% de los electores respaldó el proyecto que el PSOE planteaba en una nueva etapa marcada por un autogobierno que se desmarcó de Badajoz y Cáceres para dirigir el futuro de la nueva comunidad autónoma.
