Las medidas del Gobierno tienen la finalidad inexcusable de reducir el déficit en razón de compartir con Europa un mercado y una moneda. La reducción debe hacerse vía aumento de los ingresos y reducción del gasto público. Las actividades económicas son las que generan impuestos --y, por lo tanto, ingresos--, y los gastos son los de las administraciones públicas.

Toda reducción del gasto público que no tiene como consecuencia directa un descenso importante de la actividad económica está justificada porque ayuda a reducir el déficit.

En gran parte, la reducción del sueldo de los funcionarios (3.000 millones de euros) no tiene más que un pequeño efecto económico sobre los ingresos públicos por la reducción del consumo doméstico de esa población, pero sí supondrá una importante reducción del déficit.

El recorte de las inversiones públicas (6.000 millones de euros) afectará a un sector ya castigado por la crisis, la construcción, que reducirá sustancialmente su actividad y, por tanto, los ingresos fiscales que genera; y tiene el riesgo de incrementar los parados y, por tanto, el gasto público.

Medidas que indudablemente estimularían la economía, como la reducción temporal de ciertos impuestos a medianas y pequeñas empresas si se crea empleo, podrían contribuir a reducir el déficit porque el ahorro de la cobertura social a los parados que dejasen de serlo sería mayor que la reducción de los ingresos vía recorte de impuestos. Estas medidas, para no causar un conflicto social, precisan de una explicación que probablemente la urgencia del momento no ha permitido, pero podrían ser estudiadas en un futuro.

Las nueve medidas anunciadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tienen un impacto positivo sobre el déficit al reducir el gasto público, pero tienen un efecto social importante.

Al pedir esfuerzos a la sociedad por las ineludibles circunstancias actuales, es necesario que pueda percibirse que este efecto está repartido equitativamente, es decir, que no son solo unos quienes pagan la crisis.

En este sentido, y más allá de su efecto económico, tal vez habría sido lógico introducir un incremento de impuestos para los ciudadanos con rentas más altas, que no necesariamente debe traducirse en aumentar los tipos impositivos --aunque quizá también--, sino en reducir las excepciones fiscales.

Es por eso que la referencia a esta cuestión, que se presenta como "en estudio", puede responder a la necesidad de definirla más adelante, aunque la alusión a ella podría haber sido mejor, fijando ya ahora el objetivo de recaudación complementaria.