Al margen del euro y la desaparición de las fronteras, la imagen más tangible de la participación de España en la UE ha sido el enorme salto dado por las infraestructuras en poco más de dos décadas. Los fondos estructurales y de cohesión se fijaron para que los estados miembros más desfavorecidos --con un PIB per cápita inferior al 90% de la media europea--, se acercaran a los niveles de riqueza del resto.
Durante esos años, ingentes cantidades de dinero han sido transferidas desde los países más ricos, especialmente Alemania, a los del sur de Europa. España habrá recibido 85.000 millones de euros en el periodo 2000-2013. Con este dinero se ha construido una de las redes de autovías más modernas de Europa y la red de alta velocidad ferroviaria será las más extensa del mundo cuando este años se ponga en marcha el AVE que unirá Madrid y Valencia. Ni este ni el que conecta Madrid y Barcelona serían una realidad probablemente sin la aportación de los fondos estructurales.
Un maná tan generoso ha tenido probablemente contrapartidas. Las administraciones no siempre lo han empleado en infraestructuras con la rentabilidad social imprescindible. Hay autovías construidas en el centro de España con una intensidad de tráfico ridícula y cuyo coste de mantenimiento recae ahora en exclusiva en España.
