La gestión de los recursos hídricos en los territorios vuelve a provocar polémica. Si antes fue el Estatuto de Andalucía asumiendo competencias sobre el Guadalquivir y después el de Castilla y León haciendo lo propio sobre el Duero, ahora es Castilla-La Mancha la que en el que en el borrador de su normativa marco genera debate sobre las aguas del Tajo y Guadiana. La controversia surge porque en este último caso, el Estatuto castellanomanchego choca con lo que dice el de Extremadura, ya que mientras el primero habla de "uso preferente de los recursos hídricos de su territorio" (por el que pasan las aguas del Tajo y el Guadiana); el extremeño aboga por un "uso racional y distribución solidaria" del agua. Conviene recordar que el Gobierno extremeño mantiene en el Tribunal Constitucional un recurso contra el Estatuto andaluz y otro contra el castellanoleonés por atribuirse competencias exclusivas en la gestión del agua que afecta a otros territorios, cuando es el Estado el que debe tenerlas.

Pero, qué dice el Estatuto de Extremadura en esta materia. El artículo 7.8 recoge que: "Los poderes públicos extremeños velarán por un uso racional del agua y por su distribución solidaria entre los ciudadanos que la precisen, de acuerdo con el marco constitucional de competencias y las prioridades que señala la ley, sin menoscabo de la calidad de vida de los extremeños, del desarrollo económico de Extremadura confirmado mediante estudios que garanticen las demandas actuales y futuras de todos los usos y aprovechamientos y sin perjuicio de las compensaciones a las que haya lugar".

Sin embargo, el articulado del castellanomanchego es mucho más amplio en esta materia, aunque el artículo 98.3 de su borrador resume su idea al respecto. Dice así: "Los ciudadanos de Castilla-La Mancha tienen derecho al uso preferente de los recursos hídricos de su territorio para consumo humano, desarrollo económico e industrial, agrícola y ganadero, así como para el sostenimiento medioambiental y para cualquier otro objetivo que forme parte del ámbito de sus intereses, en los términos establecidos en la Constitución y en la legislación estatal".

Son dos formas diferentes de gestionar los recursos hídricos y que ha llevado a polémica entre territorios (Extremadura mantiene recursos abiertos en el Tribunal Constitucional contra los estatutos de Andalucía y Castilla y León). El borrador del Estatuto castellanomanchego ha levantado otra vez esta polémica entre regiones, sobre todo con Murcia, ya que contempla el veto al trasvase Tajo-Segura. A este respecto, la Junta de Extremadura volvió a defender ayer que "mientras el agua transcurra por más de una comunidad autónoma la competencia debe ser del Estado".

DISPONIBILIDAD Además, a la hora de gestionar la disponibilidad de los recursos del agua, el artículo 100 del borrador del Estatuto de Castilla-La Mancha, indica en su punto primero que corresponde a los poderes públicos de Castilla-La Mancha, en los términos del presente Estatuto y de acuerdo con la Constitución Española, con la legislación estatal y con la normativa comunitaria aplicables y conforme al principio de unidad de cuenca, "velar para evitar cualquier transferencia de agua de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma que perjudique los intereses de Castilla-La Mancha y remover cualquier obstáculo que impida la consecución de los objetivos previstos en el artículo 98 del presente Estatuto, atendiendo a criterios de sostenibilidad y de garantía de los derechos de los castellano-manchegos".

Asimismo, el artículo 100.3 señala que la planificación de los recursos hídricos "garantizará la disponibilidad de agua para todos aquellos proyectos de desarrollo que atendiendo a criterios de sostenibilidad conduzcan al crecimiento y la equiparación con los demás territorios del Estado".

Lo cierto es que la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se debatirá el próximo miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, y esta cuestión del agua no pone de acuerdo a socialistas y populares.La mayor polémica se ha suscitado desde Murcia, por el posible cierre a un trasvase del Tajo al Segura desde Castilla-La Mancha. A este respecto, el presidente murciano, el popular Ramón Luis Valcárcel, en declaraciones al programa Herrera en la Onda de Onda Cero, insistió en que el problema "no es que no haya agua, sino que casi nunca hay agua y nosotros dependemos de ese cordón umbilical que se llama Tajo-Segura", al tiempo que recordó que "hace unos 30 años, los murcianos tenían que emigrar a otros lugares porque aquí no había posibilidades, precisamente por la falta de agua".

Según Valcárcel, en Castilla-La Mancha "hay agua", y precisó que "nadie quiere en Murcia, ni en Alicante ni en Almería el agua que necesita Castilla-La Mancha", sino que la posición del levante es que los manchegos "utilicen la que necesiten utilizar, que hagan la previsión de la que crean conveniente". Sin embargo, exigió que no hagan "una reserva estratégica (el Estatuto prevé 4.000 hectómetros cúbicos), que es un término que escapa a la Constitución Española".

Además, coincide con su colega extremeño en que "el agua es un bien de Estado y es el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero quien tiene que administrarlo".

Desde Castilla-La Mancha, su presidente, el socialista José María Barreda, ha reiterado que no quiere ningún tipo de enfrentamiento por esta cuestión, sino "un acuerdo y que se reconstituya en el Congreso de los Diputados el apoyo primigenio del PP y del PSOE que es el que da fuerza y sentido político y parlamentario al Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha". En todo caso, defiende la reserva de 4.000 hectómetros cúbicos de agua y cree que el trasvase del Tajo al Segura ha caducado.

Sin embargo, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha indicado que el trasvase del Tajo-Segura "no está en peligro" y asegura que los socialistas valencianos trabajan "por garantizar algo que es una realidad de la Comunidad Valenciana: que Alicante tenga agua para regar, para vivir y para desarrollarse económicamente".

Mientras todo esto sucede, los regantes de Murcia se concentrarán el lunes para mostrar su oposición al texto castellanomanchego, en una cita a la que acudirá el presidente murciano. Asimismo, los regantes valencianos piden al presidente del Gobierno y al del Congreso que paralicen el polémico borrador.