Logrosán, localidad de 2.000 habitantes de la provincia de Cáceres, ha sido uno de los 12 municipios extremeños que han revisado su catastro este año. "La última ponencia de valores era de 1988 y generaba agravios comparativos entre los vecinos. Teníamos viviendas nuevas o modificadas, y otras revalorizadas, que no tributaban como debían", explica la alcaldesa, Isabel Villa. Con la nueva ponencia, el consistorio pasará de ingresar 98.000 euros a 127.000 mediante el cobro del IBI urbano; aunque, en el primer año, el saldo será cero: la operación les ha costado casi 30.000 euros. "Lo notaremos a partir del 2012. Es una medida antipopular, pero necesaria para tener los ingresos que el consistorio requiere. Hay vecinos que se han asustado un poco, pero la diferencia con lo que pagaban hasta ahora tampoco es tan grande".