Más de 7.400 demandas por cláusulas suelo en Extremadura

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó hace un año la especialización de un total de 54 juzgados de Primera Instancia -uno por provincia-, que son los que desde el 1 de junio se ocupan de los litigios relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias, cuyo prestatario sea una persona física; lo que comúnmente se conoce como cláusula suelo.

Desde entonces y hasta el pasado miércoles, 7 de febrero, habían ingresado en el de la provincia de Badajoz 4.196 demandas y se habían señalado 504 audiencias previas (que se celebrarán hasta el próximo 14 de marzo) y cuatro juicios orales, según los datos del Juzgado de Instrucción Número 2 de Mérida. Este órgano ha dictado además 348 resoluciones entre sentencias, autos y decretos.

En el caso de la provincia de Cáceres, según los datos recabados por el Ministerio de Justicia, han ingresado desde el inicio de su actividad 3.208 demandas por este tipo de asuntos y se han dictado 244 resoluciones, entre las que solo ha habido siete desestimatorias. No hay datos de las audiencias previas señaladas desde que comenzaron a funcionar como juzgado único en la provincia.

desconocimiento/ A pesar del tiempo que ha pasado continúa habiendo mucho desconocimiento entre la población sobre los entresijos de los contratos hipotecarios, según los abogados consultados por este diario, todos especializados en este tipo de procesos. «Muchos llegan al despacho con el contrato en la mano preguntando si hay en él ‘alguna cosa’», cuenta Carmen Pita con bufete en Cáceres y Madrid. De hecho con cada nueva información llega otra oleada de consultas y entre ellos, algunos que acuden al abogado después de haber aceptado la oferta que el banco les ha realizado cláusula suelo. Y en esos casos ya no hay nada que hacer.

«El problema es que, aunque va cambiando ya algo, la mayoría de la gente que firma un contrato hipotecario no sabe lo que firma, no porque no quiera, sino porque son contratos complicados de entender y los clientes no conocen el alcance concreto de las cláusulas que han aceptado» destaca Javier González Morales, abogado con despacho en Badajoz. Arguye además dos elementos que han caracterizado tradicionalmente al cliente bancario español: por un lado que hay una «muy escasa» cultura financiera y por tanto la gente se ha guiado siempre por lo que le dice su director de banco, y por otro, que «el 90% de la gente que va a pedir dinero a un banco es porque lo necesita y por tanto se pone en sus manos, acepta las condiciones que le marca y da su consentimiento, pero es un consentimiento bastante relativo y poco libre».

La sentencia europea de diciembre de 2016 marcó un antes y un después en los litigios por cláusulas abusivas. No es que cambiara radicalmente el panorama para los afectados por la cláusula suelo sino que el hecho de que la justicia europea enmendara al Tribunal Supremo en cuanto a que no podía haber un límite temporal sobre las devoluciones de lo que habían cobrado de más los bancos (el Supremo solo contemplaba devoluciones a partir de mayo del 2013 y la justicia europea llevaba el límite tan atrás como se hubiera firmado la escritura de hipoteca). El cambio real no fue jurídico pero sí hubo un cambio social que se tradujo en un aluvión de demandas que obligaron al Gobierno a tomar medidas y arbitrar mecanismo para atender a estos clientes.

Fue entonces cuando se planteó crear juzgados específicos para abordar este tipo de procesos y también cuando se desarrolló un mecanismo extrajudicial para evitar que todas las cláusulas abusivas terminaran en el juzgado. Pero en la práctica este proceso no ha funcionado.

Según Adicae, el 83% de los procesos extrajudiciales no atienden a la reclamación de los clientes y por tanto terminan en el juzgado. El abogado Javier González Morales sitúa en un 90% la tasa de expedientes abiertos por su despacho que acaban en los tribunales porque el banco no atiende a la reclamación previa. «Mucha gente no llega a demandar por miedo a tener que pagar las costas judiciales», dice el letrado, aunque cada vez son más los que se deciden a hacerlo.

Precisamente el volumen de trabajo es el que ha determinado que el pasado mes de enero se incorporara un nuevo magistrado a al juzgado provincial de Badajoz. «Trabajamos bien, pero con una elevada carga de trabajo», resume la letrada de la Administración de Justicia en Badajoz, Flora Rico Portero. Esa sobrecarga y las peculiaridades de cada proceso dificultan además que se pueda estimar el tiempo de espera de los clientes para tener una respuesta judicial. En todo caso, en siete meses solo se han podido cerrar el 8% de las demandas y cada vez los periodos se dilatan más por los recursos que interponen los bancos cuando pierden.

saturación/ «El efecto que perseguía el Gobierno de no saturar los juzgados, está resultando al final al contrario, porque las causas ya no se reparten por partido judicial, sino que se han concentrado en dos juzgados, que además siguen recibiendo asuntos de primera instancia y están desbordados», dice González Mora.

Esa opinión la comparte Carmen Pita, que añade otro factor que está contribuyendo a que las esperas de los que se animan a demandar sean largas: «los bancos están volviendo a defenderse, lo cual no quiere decir que estén ganando los procesos, siguen perdiendo». Pero la actitud de las entidades ha variado en el último año. En los meses siguientes a la sentencia europea se allanaban tras la demanda y el caso estaba ganado. Pero ahora plantan batalla y hay una pequeña posibilidad de que ganen si pueden demostrar que informaron al cliente de lo que suponía la cláusula suelo. Ya hay alguna sentencia al respecto.

El mecanismo extrajudicial tampoco ha sido la solución al problema e incluso en algunos casos supone más un problema que otra cosa, porque es casi obligatorio pasar por él antes de presentar la demanda.

el camino/ «Si queremos que después el juez condene en costas al banco hay que pasar sí o sí por este procedimiento previo» lamenta Roberto Serrano, abogado de la Unión de Consumidores y Usuarios de Extremadura (Ucex). Ellos gestionan muchas de las demandas de los extremeños y lamentan que aunque el proceso extrajudicial tenía «en teoría» carácter voluntario, en la práctica se ha convertido en un trámite obligatorio para eludir entre 2.000 y 4.000 euros de costas judiciales. «Es una cuantía lo suficientemente importante como para que al final la gente pase por el procedimiento extrajudicial o el juez, aunque le dé la razón no impondrá costas al banco», dice Serrano.

El abogado de Ucex considera que las decisiones tomadas en el último año (mecanismo extrajudicial y juzgados únicos provinciales) no solo no han mejorado la situación, sino que han terminado por «empeorarlo» y se muestra especialmente crítico con la aplicación del procedimiento amistoso. «Porque favorece especialmente a los bancos porque se les da una nueva oportunidad para evitar la vía judicial», porque no hay ningún tipo de penalización para ellos si superan (y lo hacen) el tiempo máximo de respuesta al cliente una vez que presenta la reclamación y porque esas respuestas suelen ser poco detalladas.

«Se supone que nos deberían dar las cantidades desglosadas (devolución por lo que ha pagado de más, por amortización y por intereses) y en periodos, para saber si la cantidad que ofrecen se ajusta a la realidad», dice Serrano. Y sin embargo lo que hacen habitualmente es responder con una cantidad genérica para cada anualidad, sin explicar cómo se llega a esa cifra «Aceptar la propuesta amistosa del banco es en muchas ocasiones casi una cuestión de fe», concluye.