Más de un centenar de diligencias de investigación relacionadas con delitos contra el medioambiente en sus distintas variantes --contra la ordenación del territorio, contra la flora y la fauna...-- se tramitaron el año pasado en Extremadura.

Mientras que en la provincia de Cáceres la mayoría se refieren a delitos contra la ordenación del territorio (urbanismo), en la de Badajoz, aunque en el último año aumentaron mucho éstas, fundamentalmente debido a las edificaciones en Orellana, predominan las relativas a la flora y la fauna.

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Cáceres, según su memoria provisional correspondiente al pasado año, tramitó en el 2008 una treintena de diligencias de investigación. La mayor parte de las denuncias (14) están relacionadas con la ordenación del territorio, tanto por construcciones de particulares como por la prevaricación de los alcaldes de algunos municipios.

Al respecto, la fiscal delegada, Olga Suárez, aclaró que en la mayoría de los asuntos que por delitos urbanísticos investiga la Fiscalía los imputados son particulares --siempre se acusa tanto al promotor como al constructor de la edificación ilegal--. Las imputaciones a alcaldes, dijo, son las menos, "lo que ocurre es que cuando se imputa a un alcalde en un delito las consecuencias de su actuación también implican a otras personas (yo construyo en una zona ilegal, por lo tanto, también soy autor de ese delito, no lo es solo el ayuntamiento, o el alcalde)".

A las diligencias relacionadas con el urbanismo les siguieron el año pasado, pero en mucho menor número, las relacionadas con delitos contra la flora y la fauna (7) --"por muerte de animales envenenados"--, contra los recursos naturales y el medioambiente (3) --"por vertidos de sustancias a ríos y arroyos"-- y por incendios forestales (3). No hubo diligencias por delitos contra el patrimonio, ni por maltrato a animales domésticos.

En Badajoz, la Fiscalía incoó en el 2008 un centenar de causas por delitos contra el medioambiente en sus distintas variantes. Según detalló a este diario el fiscal Agustín Manzano, del total de las causas, 3 lo son por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente: 1 sobre ruidos en Talavera la Real, 1 por vertido de alperchines que se derivó al Juzgado de Herrera del Duque y una tercera en Badajoz que se archivó.

Vinculadas a la ordenación del territorio se incoaron 47 causas, de las que 3 se archivaron, 37 se derivaron a distintos juzgados, la mayoría de ellos por construcciones en la zona de Orellana, y 7 siguen en trámite. No hubo ninguna sobre patrimonio histórico ni maltrato a animales, y fueron 49 las relativas a la fauna y la flora, referidas todas ellas a la caza, bien por envenenar a animales, cazar en zona o mediante artes prohibidas, o por la captura de animales en peligro de extinción. Cinco se archivaron y 44 se repartieron por los juzgados. Y también figura una causa por incendio forestal.