Pese a que la ley prevé que el Estado y las comunidades financiarán las prestaciones para dependientes (de las que el usuario paga una parte) al 50%, este año Extremadura ha aportado 74,3 millones, más del doble que el Gobierno central (35). Estos datos, aportados el Sepad, desmienten que la región esté haciendo menos esfuerzo que el Ejecutivo nacional, como afirma un estudio de los profesionales de servicios sociales.
