Un estudio elaborado por el SES ya anunciaba las claves de lo que tendría que ser la tendencia del sistema público de financiación de las medicinas, apuntando a que elegir entre los principios activos de mejor respuesta en cada grupo terapéutico --los que combinasen eficacia y bajo coste-- ahorraría nada menos que 26 millones de euros por año, es decir, el 10% del gasto, que podrían servir "para hacer 17 centros de salud".

Esta es sólo una muestra de la preocupación que suscita el gasto en medicinas dentro del presupuesto sanitario. No en vano, en los últimos cuatro años este gasto ha crecido en torno al 30%, y las propias previsiones presupuestarias de la Consejería de Sanidad para el 2004 apuntan a que el incremento se mantendrá, y rondará entre el 2003 y el año actual, el 10%, hasta situarse en los 260 millones.

Esta subida multiplica por cinco la previsión del IPC, y se han convertido en una pesada carga para el sistema, cuyos ingresos, en ningún caso, pueden seguir ese ritmo.

De hecho, en este momento el pago de las medicinas supone para el sistema público extremeño el 33% de su presupuesto, y las proyecciones apuntan a que, se seguir creciendo así, será el 50% en el 2014 y el 100% en el 2029.

Ante esta situación, el ministerio decidió, en principio, potenciar los genéricos. Luego estableció el sistema de precios de referencia, de manera que se limitaba lo que la sanidad pública pagaría por cada principio activo. Ninguna de las dos fórmulas se ha mostrado suficiente, por lo que se ha optado por cortar de raiz: o se acepta el medicamento más barato, o se paga íntegramente el coste de la medicina.