Un total de 155 obras proyectadas en Extremadura están pendientes de que el Ministerio de Medio Ambiente emita la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), según informó a EL PERIODICO la Subdirección General de Evaluación Ambiental del ministerio.
El número de actuaciones que se están tramitando en la región supone el 9% de las acumuladas en Medio Ambiente en este momento, según un informe de este departamento publicado en El País. Ante esta acumulación de expedientes, que supera los 1.700, el departamento dirigido por Cristina Narbona ha decidido, según la misma información del diario de Prisa, poner en marcha un plan de choque , con la contratación de más técnicos para dar salida a los estudios, que ahora se acumulan a un ritmo de entre 300 y 500 por año.
El apartado que mayor número de proyectos tiene en Extremadura a expensas de que se produzca la DIA es el de minería, con 81 actuaciones, seguido del de transformaciones en regadío, con 18; grandes presas (8), aprovechamientos hidroeléctricos (7) y centrales térmicas (5). En la relación también constan autovías, obras del AVE, depuradoras, encauzamientos, tuberías, trasvases y variantes de carreteras entre otras.
39 MESES PARA EL AVE Según el informe de Medio Ambiente, la demora media entre la presentación de un proyecto, ya sea por parte de algún ministerio o de la iniciativa privada, y la culminación de la declaración ambiental es de 944 días, es decir, algo más de 30 meses.
Este retraso puede irse a 39 meses si se trata de actuaciones como trazados para el tren de alta velocidad o incluso más en el caso de las grandes presas.
El periodo citado abarca el tiempo que transcurre desde que el promotor de la obra anuncia el proyecto y da a conocer un estudio de impacto hasta que se publica la DIA, bien sea rechazando la iniciativa o admitiéndola condicionada a la realización de correcciones.
En el periodo hay que establecer un plazo de alegaciones, la respuesta a éstas por parte del promotor, el envío a Medio Ambiente para la evaluación, la petición --en la mayor parte de los casos-- de información y estudios complementarios por parte del ministerio y, finalmente, la decisión que faculta para la redacción del proyecto definitivo, la licitación de la obra y, finalmente, el inicio de la misma.
En todo caso, Medio Ambiente apunta en su informe que la mayor parte de los retrasos son responsabilidad del promotor del proyecto (principalmente el Ministerio de Fomento o el propio departamento dirigido por Narbona), que sería culpable del 73% del tiempo de demora, mientras que la autoridad medioambiental se la atribuye a sus propios trámites.
Según señala, si se manda una documentación incompleta y el promotor tarda meses en contestar a la petición de información complementaria, la culpa no sería de Medio Ambiente, sino de quien impulsa la obra.
EXPEDIENTES EN MINERIA Otras veces, además de la posible lentitud de los promotores a la hora de aportar los documentos requeridos, los retrasos y la acumulación de expedientes tiene que ver con la complejidad del proceso.
Este podría ser el caso de las explotaciones mineras extremeñas que esperan el permiso medioambiental y que suponen más de la mitad de las actuaciones pendientes de evaluación.
Fuentes del sector de las canteras en la región señalaron que la tramitación de los procedimientos suele ser lenta por las características de la explotación.
Así, al hecho de que son actuaciones que tienen un gran impacto en la zona donde se asientan, lo que suele suponer muchas trabas desde el punto de vista de las medidas para minimizar afectaciones al entorno durante el periodo de explotación y también por las exigencias de restauración posterior, se suma la particularidad de que se utilizan explosivos, con lo que los estudios previos a la autorización suelen ser mucho más meticulosos, al tener que valorar el impacto acústico en un radio amplio, condicionante que no tienen el resto de proyectos.
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