Extremadura no consigue adaptarse a la normativa vigente en materia de depuración de aguas. Medio centenar de municipios extremeños incumplen la directiva europea de 1991, que obliga a depurar desde diciembre del 2005 las aguas residuales en localidades de más de 2.000 habitantes equivalentes --magnitud que tiene en cuenta los aumentos de población en determinadas épocas del año--, según un informe hecho público recientemente por El País . A nivel nacional, la cifra se eleva hasta las 800 localidades, incluyendo capitales de provincia como Badajoz, Vigo o Burgos.

No obstante, la situación de la región ha mejorado sensiblemente en los dos últimos años, ya que en el 2005 un estudio del Ministerio de Medio Ambiente indicaba que 101 localidades extremeñas vertían las aguas en los ríos sin depurarlas previamente --ver EL PERIODICO del 22 de diciembre del 2005--. Por tanto, la lista negra de municipios con carencias en este ámbito se habría reducido a la mitad en Extremadura. Esto se debe, en muchos casos, a la intervención económica de las confederaciones hidrográficas o el Gobierno regional, porque, a pesar de tratarse de una competencia de los ayuntamientos, estos muchas veces no pueden asumir la inversión que supone la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

Pero todavía queda mucho por hacer. De hecho, solo nueve de los casi 50 municipios incluidos en el documento hecho público aparecen en los listados de obras (bien en fase de licitación o ejecución) para mejorar los sistemas de depuración que la Junta de Extremadura y las Confederaciones Hidrográficas del Tajo y el Guadiana han remitido a EL PERIODICO. Esto significa, en principio, que una cuarentena de municipios continuarían vertiendo sus aguas residuales en condiciones no óptimas, sin que haya prevista ninguna solución para este problema a corto o medio plazo.

Poca información Para los ecologistas, sin embargo, esta cifra se queda bastante corta. "El problema es que las Administraciones públicas, que son quienes deben velar por que no se contaminen los ríos, son precisamente los responsables de estos vertidos. Esto hace que sea muy complicado acceder a los datos", explica Julio Burea, responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace España. Según destaca, "el Gobierno español está negociando actualmente la prórroga de las sanciones que debe imponerle la Comisión Europea por incumplir la normativa de depuración, y Extremadura es una de las comunidades con mayores carencias en este ámbito".

Precisamente, esta organización llevó a cabo en octubre un descenso por el cauce del Guadiana que, bajo el lema Dale vida al río , pretendía denunciar las agresiones que sufren sus aguas, según destacan, "especialmente contaminadas en la región extremeña". Entre otros motivos, esta organización achaca esta situación a "la falta de depuración de vertidos residuales urbanos e industriales" de los núcleos asentados en sus vegas, como Badajoz, Almendralejo o Medellín. Tres nombres que, precisamente, también aparecen en la relación de poblaciones con necesidades de una nueva EDAR. Ejemplos como el de Almendralejoresultan casi paradigmáticos.Pese a que estemunicipio sí cuenta con unadepuradora de vertidos urbanosy residuales, dicha planta“se quedó pequeña desdeque se puso en marcha”, reconoceel supervisor del serviciode agua del ayuntamiento almedralejense,SantiagoAvilés. Afortunadamente, laConfederación Hidrográficadel Guadiana tiene ya en fasede licitación el proyecto paraconstruir una nueva EDAR.Pero mientras tanto, denunciangrupos ecologistas, “lasaguas residuales continúanvertiéndose a un arroyo cercanosin ningún tratamiento”,por lo que el ayuntamientoincluso ha sido sancionado.En otras poblaciones, encambio, ni siquiera se tieneconocimiento de que existaningún plan para edificaruna depuradora. Es el caso deLogrosán y Zorita, donde laConsejería de Infraestructurasha aprobado recientementela construcción de unaplanta potabilizadora, “peropara agua de consumo, deaguas residuales no sabemosnada”, puntualiza FernandoPedrero, alcalde de Logrosán.Y es que aunque las competenciasen esta materia correspondena los ayuntamientos,la solvencia económicacondiciona muchas veces elcumplimiento de las leyes. Y,como consecuencia, el cuidadodelmedio ambiente.