«Un dron es un brazo en el aire que puede hace multitud de cosas. Por ejemplo, con una cámara térmica, si nos pegamos a un edificio podemos ver por dónde pierde calor y hacer una inspección de una forma segura y rápida; puedes buscar una a persona desaparecida; practicar agricultura de precisión; también repartir paquetes o transportar sangre de un hospital a otro,….». Salvador Bellver, presidente de la Asociación Española de Drones y Afines (Aedron), enumera así solo una pequeña parte de las aplicaciones que se le pueden dar a las aeronaves no tripuladas, unos aparatos que en los últimos años se han convertido en fuente de diversión para muchos, pero también en un medio de negocio para cada vez más empresas. El problema, precisa Bellver, es que «muchos de estos usos no son viables aún a nivel legislativo».
A pesar de estas limitaciones, el sector ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos años. En el registro de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) realizado a fines de diciembre del 2016 aparecían 1.867 operadores, casi medio centenar de ellos en Extremadura. Son los que están habilitados para realizar actividades profesionales con estos artilugios, como filmaciones audiovisuales o inspección de torres eléctricas y aerogeneradores. Solo un mes después, el 23 de enero, la cifra era ya de 1.918. «Es cierto que en dos años hemos tenido un boom de empresas. Cuando comencé éramos treinta o cuarenta», reconoce este experto.
El primer barómetro sobre el sector de los drones, publicado recientemente por el portal ToDrone, revela que en un 90% está integrado por micropymes o autónomos, «numerosos actores de pequeño tamaño que dan respuesta a una demanda, en general, escasa y atomizada». El sector está en un momento, se indica, «muy lejos» todavía de alcanzar todo su potencial, «debiendo desarrollarse las condiciones de mercado necesarias que permitan configurar un sector sólido, profesionalizado y con orientación clara a servicios de alto valor añadido». Según este informe, confeccionado a partir de las encuestas realizadas a cuatrocientas empresas y profesionales, casi un tercio del total (32,5%) de empresas tiene menos de un año de vida y un 42,2% entre uno y tres. Un 39,8% solo cuenta con un empleado y otro 45,8% entre dos y cinco trabajadores. «La mayoría de empresas tienen una facturación baja, hay muchísimo autónomo», reconoce Bellver quien, no obstante, se muestra convencido de que el sector «va a crecer. Y si no lo ha hecho ya es porque hace falta más apoyo por parte de la Administración. Esto comenzó muy fuerte y ahora mismo estamos un poco encallados por la normativa», agrega.
El marco regulatorio de este sector ha estado en vigor durante más de dos años con un carácter provisional. La nueva ley debería llegar en breve. «Yo escuché que estaría para marzo del año pasado y ha pasado casi un año y sigo escuchando lo mismo, que ya llega», dice Bellver, que confía en que una vez que está publicado el, en teoría, último borrador, su promulgación debe ser «inminente». El proyecto dado a conocer permite la posibilidad de volar drones en ciudades, la realización de vuelos nocturnos y una mayor flexibilidad a la hora de efectuarlos fuera del alcance visual. «Vemos la nueva ley con mucha esperanza, porque hay muchas cosas que estaban prohibidas y que ahora comienzan a permitirse moderadamente», arguye.
De los 47 operadores que estaban registrados en diciembre pasado con domicilio en la comunidad autónoma, 31 están en la provincia de Badajoz y los restantes 16 en la de Cáceres. En el listado también aparecen los Servicios de Regadíos de la Junta y la Uex. La actividad que más se declara (cada operador puede tener varias, que puede estar desarrollando o no en ese momento) es la de fotografía, filmaciones y levantamientos aéreos (topográficos o fotogrametría) que, de hecho, aparece en todos los casos. A continuación, con trece referencias, figura el epígrafe de actividades de I+D y, con doce, la observación y vigilancia aérea y las operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento. Con ocho están la investigación y reconocimiento instrumental, con siete la publicidad aérea, y con seis los tratamientos fitosanitarios.
En este sentido, de acuerdo a las percepciones recogidas por el barómetro de ToDrone, los operadores consideran que existen «grandes oportunidades en muy diversos ámbitos», si bien destacan dos subsectores: infraestructuras y agricultura. «Es en ambas áreas donde se prevé un mayor crecimiento. Actividades como inspección y mantenimiento de infraestructuras, topografía, agricultura de precisión y gestión forestal son consideradas actividades de alto potencial y en lo sucesivo se observará mayor número de empresas con capacidad de satisfacer una demanda cada más sofisticada y compleja», se vaticina.
No todos los que manejan drones habitualmente están, sin embargo, en este listado. Para poder ser piloto de aeronaves por control remoto es obligatorio demostrar que se cuenta con los conocimientos teóricos y prácticos necesarios. Otro requisito es el de un seguro obligatorio. «Hay operadores que se quejan de que hay muchísimo intrusismo, gente trabajando de manera no legal. Prueba de ello es que hay 1.900 operadores registrados pero si buscamos la cifra de drones vendidos de más de dos mil euros nos encontramos que superan los diez mil. No encajan el número de operadores con el de dro- nes», explica Salvador Bellver.
Igualmente, considera que no solo habría que hacer hincapié en la regulación del uso de drones con nes profesionales, sino también cuando se trata de ocio. «Si se busca una seguridad jurídica, para los viandantes por ejemplo, habría que pensar además en regular el uso por parte de aficionados», incide.
María del Mar Rodríguez, de la empresa extremeña Air Drone View, también critica que haya mu- cho más control sobre el uso profesional que sobre el recreativo, a pesar de que las prestaciones que tie- nen los aparatos en uno y otro caso pueden ser muy similares. «Para cualquier aeronave que se compra ya con unas ciertas prestaciones y una cámara medio decente, la única diferencia entre una persona que se la compra por hobby y nosotros es la ley, porque el uso que hacen ellos de los drones es igual que el nuestro. Sin embargo, ellos no tienen todas las limitaciones que tenemos nosotros ni muchísimo menos. Vuelan donde nosotros no podemos», remacha.
BASE DE TALAVERA /
En el caso de Extremadura, el vuelo de drones tiene una barrera adicional: la Zona de Control (CTR) en torno a la Base Aérea de Talavera, donde su uso está restringido. A Agrodrone, una consultora agrícola especializada en agricultura de precisión con sede en Badajoz, esta limitación le ha hecho buscar otros mercados. «La mayoría de nuestro volumen de negocio [con drones] está en Portugal y Andalucía por el tema del CTR. Es una restricción para nosotros muy importante, porque prácticamente hasta Mérida no podemos volar. Es mucha super cie que no podemos trabajar porque lo tenemos prohibido», lamenta Rafael Fortes, direc- tor técnico de esta empresa.
Este es otro tema que podría cambiar con la nueva ley que, previsiblemente, dará «un poco más de margen» en estos espacios, pronostica Salvador Bellver.
