Más de la mitad de los alrededor de 320.000 extremeños que trabajan por cuenta ajena tienen reconocidas jornadas laborales inferiores a las 40 horas semanales que fija como tope la legislación española. Quienes se benefician de jornadas de trabajo más cortas en la región son los funcionarios y el resto de personal al servicio de las administraciones públicas, con duraciones que van de las 35 horas establecidas en la Administración autónomica, a las 37,5 implantadas para quienes trabajan para el Gobierno central. A medio camino quedan los empleados de la Administración local, cuyas jornadas varían en función del acuerdo que mantenga cada ayuntamiento con sus trabajadores y que oscilan entre las 35 horas semanales --lo más habitual, según se explica desde CCOO-- y las 37,5. Se trata en todos los casos de las jornadas ordinarias, ya que determinadas plazas, por sus características especiales, pueden llevar aparejados tiempos algo superiores o inferiores al habitual.
En la empresa privada, la cosa cambia significativamente. Conforme a los datos facilitados por el Consejo de Relaciones Laborales de Extremadura, casi seis de cada diez trabajadores (58%) adscritos a algún convenio colectivo de ámbito extremeño (situación en la que están más del 80% de los asalariados del sector privado en la región) tienen recogido en sus contratos el máximo de 40 horas semanales, frente a un 38% que cuentan con jornadas inferiores a ese límite.
POLEMICA PROPUESTA La duración de la jornada laboral es una cuestión que ha vuelto a ponerse de actualidad a lo largo de los últimos días tras aprobar el Consejo de Ministros de Trabajo de la UE una propuesta que, entre otras cosas, permitiría ampliar el máximo de 48 horas que actualmente esta vigente en Europa, llegando hasta las 60 (65 para algunos colectivos como el de la sanidad).
Para ello, tendrían que concurrir dos circunstancias básicas: que un Estado miembro apruebe previamente una legislación que lo permita; y que haya un acuerdo entre empresario y trabajador por el que este último renuncie a las 48 horas (el denominado opting out ). Este borrador, que aún debe pasar el filtro del Parlamento Europeo, también propone que no se contabilice como tiempo de trabajo efectivo la totalidad del que se está de guardia (un médico en un hospital, por ejemplo), sino solo el que se está activo .
Para Juan Manuel Arribas, secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), la propuesta de los ministros de Trabajo "se ha sacado un poco de contexto" ya que, indica, aunque la directiva saliese adelante "será cada Estado el que luego deba legislar". En cualquier caso, Arribas reconoce que "es una regresión social el que una persona mediante un acuerdo individual pueda pactar la duración de su jornada. El trabajador está en una situación de desventaja respecto al empresario y eso puede llevar al abuso", explica. Sin embargo, Arribas también pide mayor flexibilidad en el actual marco normativo, que no permite sobrepasar las 40 horas. En este sentido, cree que, en algunos momentos y cuando se den "determinadas causas", debería ser posible llegar a "regulaciones concretas", siempre, añade, con el acuerdo de las organizaciones empresariales y sindicales "y haciendo todos los estudios previos que hagan falta". "Hay momentos de dificultades económicas importantes que exigen llegar a una competitividad máxima", argumenta.
Desde el punto de vista sindical, el secretario general de UGT Extremadura, Miguel Bernal, subraya que de momento se trata solo de un borrador de directiva que "creemos que el Parlamento Europeo modificará de una forma importante".
En la parte negativa, Bernal lamenta que, como ocurrió con la directiva Bolkestein, en la UE se emprenda otra vez el camino de normas "que alarman y que rechaza el conjunto de la población europea", al tiempo que hace hincapié en lo peligroso que resulta que se vaya hacia la individualización de las relaciones laborales en sustitución de la negociación colectiva. Como tercer punto negativo, este dirigente sindical resalta el que ya se estén produciendo casos de "picaresca por parte de ciertos empresarios". "El mismo martes por la tarde ya hemos recibido llamadas de trabajadores que preguntaban si había entrado en vigor una nueva ley laboral, porque algunos empresarios les habían dicho que ahora podían hacerles trabajar hasta 60 horas semanales". Respecto a la posibilidad de que en España se aumente el máximo de cuarenta horas, no lo ve "ni probable, ni razonable, ni realizable, y si se plantease, se encontrarían con la oposición frontal de los sindicatos"
Fernando Sánchez, secretario de Política Institucional y Relaciones Internacionales de CCOO en Extremadura, califica de "barbaridad" esta propuesta, aunque también se muestra confiado en que sea modificada por el Parlamento Europeo. "Es un ataque de los sectores más conservadores y reaccionarios contra los derechos sociales", resume.
Afirma que desde el sindicalismo europeo se va a hacer "toda la presión que haga falta" para impedir que la directiva salga adelante, y piensa que, si esto finalmente sucede, "el Parlamento Europeo estaría cometiendo un error impresionante cara al futuro de la UE y deslegitimando su acción política".
Sánchez tampoco acepta que se pueda argüir en favor de esta propuesta la coyuntura económica: "En un momento de crisis o de desaceleración, las soluciones no van por ahí, sino por la alta competitividad, por tener un personal cualificado y por invertir en capital humano".
