Los 29 jueces titulares --casi la mitad de los existentes en Extremadura-- que el pasado 21 de noviembre asistieron en Badajoz a la reunión donde se aprobó la convocatoria de huelga para el mes de febrero se exponen a una sanción del Consejo General del Poder Judicial por incumplir la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de los Organos de Gobierno de los Tribunales. El motivo es que no informaron previamente de este encuentro al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), como marca la normativa. Pero además, también se investigará si la participación en este encuentro pudo suponer una vulneración del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial, es decir, si la suspensión de juicios y vistas para asistir a esta cita ha causado algún perjuicio a los justiciables.
Así lo explicó ayer el presidente del TSJEx, Julio Márquez de Prado, en una comparecencia en Cáceres para informar de la reunión que mantuvo el pasado martes con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar.
Según destacó, "esta Presidencia no tuvo conocimiento, sino a posteriori, de la hora y del orden del día de esa reunión --la del día 21 en Badajoz--". En este sentido, el artículo 60 del Reglamento 1/2000, de los Organos de Gobierno de los Tribunales, estipula que este tipo de convocatorias debe ser "comunicada al presidente del tribunal superior de justicia" correspondiente para que éste pueda ejercer unas funciones de control que garanticen el buen servicio de la justicia.
Márquez de Prado ya ha remitido al Poder Judicial un informe sobre este episodio, y aseguró que los jueces también han enviado a este organismo el documento con los acuerdos alcanzados en esa reunión. Por tanto, ahora deberá ser el Consejo General del Poder Judicial el que evalúe el caso y determine si procede sancionar o no a los jueces extremeños, lo cual supondría una medida sin precedentes en la Justicia extremeña y aun española.
Fuentes judiciales explicaron ayer que lo habitual en este tipo de episodios es que o no se sancione --si se cree que ha sido un descuido o ha habido algún problema en la comunicación-- o que se solucione con una falta leve --si se constata que ha habido irregularidades más graves e incluso premeditación--. En este último caso la sanción puede ser una advertencia o una multa de hasta 300 euros, incluso ambas. En todo caso, la decisión la tomará el Poder Judicial, ya que el reglamento no fija supuestos sancionadores para estas situaciones.
INCUMPLIR LA TUTELA JUDICIAL Pero hay más: el Consejo General ha comunicado a los tribunales superiores de justicia su preocupación porque este tipo de reuniones hayan afectado a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. El día 21 se celebraron juntas de jueces en todas las comunidades autónomas, aunque solo en Extremadura y Murcia fueron de carácter autonómico --en el resto, por partidos judiciales--. Y para el mes de enero hay prevista otra.
"No puede ser que con motivo de estas reuniones se causen perjuicios a los justiciables y se suspendan juicios y señalamientos", manifestó Márquez de Prado antes de anunciar que el Consejo General del Poder Judicial ha pedido a todos los tribunales superiores información sobre si el 21 de noviembre se produjeron suspensiones. Así, todos los jueces asistentes a la reunión recibirán una carta para que comuniquen si tuvieron que aplazar juicios y señalamientos para poder acudir a esa convocatoria.
Además, en la reunión que la sala de gobierno del TSJEx mantendrá el próximo día 15 se estudiarán medidas para regular que este tipo de reuniones se celebren fuera del horario laboral de la judicatura.
CONTRA LA HUELGA Márquez de Prado también explicó que en la reunión que mantuvo el martes con sus homólogos de otras regiones y el Poder Judicial no hubo un pronunciamiento sobre la convocatoria de huelga para el día 18 de febrero. Sin embargo, él sí dio a conocer ayer su opinión personal: "Creo que quienes ostentan la titularidad del poder judicial no tienen derecho a la huelga. Los jueces y magistrados tienen limitados sus derechos. No se pueden afiliar a los partidos políticos y no pueden sindicarse. De esa prohibición emana que no puedan tener derecho a la huelga. Dicho esto, respeto la opinión que puedan tener los compañeros que piensen lo contrario".
Por otra parte, quiso restar peso a la decisión tomada el día 21 en Badajoz. Según dijo, en la región hay 103 jueces y magistrados --74 en órganos unipersonales--. De estos últimos, 63 son titulares y el resto sustitutos. A la reunión asistieron, de acuerdo con sus datos, 29 titulares y otros 18 delegaron su voto. También participaron tres jueces sustitutos --con uno delegado--, que no pertenecen a la carrera judicial. Todos votaron a favor de la huelga. No obstante, el presidente del TSJEx asegura que este punto no estaba en el orden del día y, por tanto, quienes delegaron su voto no conocían que se iba a tratar. Por ello considera que esos votos no son válidos.
